La legisladora de morena defendió la iniciativa federal y denunció intereses políticos detrás de la oposición a los cambios.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada federal María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de morena, aseguró que la actual Ley de Aguas Nacionales no ha cumplido su función de garantizar justicia hídrica y acusó una campaña coordinada de desinformación promovida por actores políticos que, dijo, buscan frenar la reforma con fines electorales y económicos. “La ley debe modificarse. Es tiempo de poner orden donde ha imperado la corrupción”, sostuvo.
En declaraciones emitidas este 19 de noviembre, la legisladora defendió la iniciativa presidencial que plantea una serie de modificaciones al marco legal vigente en materia de aguas nacionales, al tiempo que denunció que diversos grupos de oposición han difundido información falsa entre comunidades rurales, con el argumento de que la reforma pretende quitar derechos de riego a productores. “Es un juego sucio y descarado. Aprovechan políticamente una situación crítica para confundir a las y los ciudadanos”, señaló.
Pérez Reyes recordó que la Ley de Aguas Nacionales fue aprobada en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el contexto de reformas estructurales que incluyeron la privatización de múltiples sectores estratégicos. A su juicio, esa ley abrió la puerta a un modelo de manejo del agua basado en criterios de mercado, que facilitó la concentración del recurso en pocas manos y dejó sin acceso a miles de comunidades.
La diputada presentó cifras que, aseguró, reflejan la gravedad de la crisis hídrica en Chihuahua: existen más de 8,000 pozos ilegales en operación sin capacidad institucional real para sancionarlos; en la zona del río Conchos, al menos 66 mil personas no tienen acceso a agua potable, y más de 21 mil hogares viven sin acceso al líquido para consumo humano. “Este es el verdadero problema, no lo que inventan quienes protestan con pancartas y discursos prefabricados”, aseveró.
Pérez Reyes cuestionó también el silencio ante casos emblemáticos como el del exgobernador César Duarte, en cuyo rancho fue encontrada una presa con capacidad de 3 millones de metros cúbicos de agua, sin que se haya procesado legalmente por el uso indebido del recurso. “¿A quién protegen? ¿Por qué nadie menciona a los grandes acaparadores del agua?”, lanzó durante su intervención.
La legisladora señaló que Chihuahua es uno de los estados con mayor estrés hídrico del país, donde paradójicamente se siguen otorgando concesiones a grandes corporativos “como si el agua fuera infinita”. En ese sentido, destacó que la reforma tiene como objetivo actualizar el marco legal a la realidad climática y social del país, garantizar el acceso equitativo al agua y frenar los abusos que, dijo, se han perpetuado durante décadas.
Entre los cambios planteados en la iniciativa federal se encuentra la centralización de la gestión en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la revisión del Registro Público de Derechos de Agua y la definición de nuevas causales para suspender concesiones, aunque desde la oposición se ha advertido sobre riesgos de discrecionalidad y afectaciones a derechos adquiridos.
“La reforma no es un capricho, es una defensa del derecho humano al agua”, concluyó Pérez Reyes, quien insistió en que el debate debe centrarse en la recuperación del recurso como bien público y en garantizar su distribución justa, por encima de intereses particulares o privilegios históricos.
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