Morena impugnará la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, alegando motivaciones políticas detrás de la decisión, en un contexto de disputa contra la Gobernadora María Eugenia Campos.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En respuesta a la reciente sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, el partido Morena ha declarado que la resolución es parte de una estrategia política orientada a debilitar a la oposición liderada por María Eugenia Campos, la actual Gobernadora del estado. Esta afirmación viene acompañada de un firme respaldo hacia Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, quien, según el partido, enfrenta un intento políticamente motivado por silenciar su crítica hacia la administración de Campos.
La dirigencia de Morena ha hecho énfasis en que la sentencia del Tribunal no es definitiva y ha anunciado su intención de impugnar la decisión, asegurando que llevarán el caso a todas las instancias necesarias. El partido y su movimiento político se han comprometido a apoyar no solo la impugnación, sino también a sus legisladores en los procesos legales subsecuentes que se deriven de esta contienda.
Según Morena, la situación actual destaca una preocupante interferencia del Ejecutivo Estatal en instituciones que deberían permanecer autónomas, incluyendo a las autoridades electorales y al Poder Judicial del estado. Esta intervención es vista como un claro ejemplo de cómo se pueden manipular las instituciones gubernamentales para servir a intereses políticos particulares, en lugar de proteger la integridad democrática de Chihuahua.
La responsabilidad de estos actos ha sido directamente atribuida a la Gobernadora María Eugenia Campos por parte de Morena, resaltando un conflicto de intereses que, según el partido, afecta negativamente la vida democrática y el buen funcionamiento de las instituciones en Chihuahua.
Pese a su respeto por las instituciones, Morena subraya que no se mantendrá al margen ante lo que considera una cooptación y manipulación de estas por parte del gobierno estatal, todo ello en detrimento de los principios democráticos y la libre expresión política en el estado.
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