“Orden y progreso” era el lema que tenía el gobierno de Porfirio Díaz, aduciendo a que
si tenemos una sociedad que cumple con las reglas del juego y existe un gobierno que
respeta dichas reglas vamos a tener progreso.
Claro está, para que ello exista es necesario que haya inversión.
Consideremos que uno de los elementos necesarios para la creación de la inversión es
de que haya seguridad, justicia y paz. Además, es necesario que las reglas del juego
sean claras y certeras.
Lo primero que crea la inversión es el empleo, este genera ingresos, los ingresos
desarrollan intercambio comercial y dicho intercambio crea riqueza, que, a su vez,
genera recursos para la inversión, completando así el círculo virtuoso del progreso.
Pongamos como ejemplo la tragedia de Acapulco. Un fenómeno natural tiene como
resultado la destrucción de infraestructura turística, servicios públicos esenciales, como
agua, electricidad, drenaje, comunicaciones y medios de transporte, así como las
viviendas en donde habita la población que da los servicios necesarios para mantener
esa infraestructura turística.
La intervención del crimen organizado, auspiciado por la desesperación de la
población, impulsaron los pillajes generalizados que en Acapulco se dieron en contra
de los centros de distribución de mercancías; tiendas de conveniencia, supermercados,
centros comerciales, y toda clase de negocios al menudeo.
Lo anterior generó una parálisis en la distribución de bienes y servicios, porque no
encontraron garantía de seguridad en su desarrollo. Esta situación paró a su vez el
empleo en esta rama de la economía que debió de haber subsistido por ser la
distribución de alimentos esenciales para la continuación de las actividades
indispensables para la subsistencia; por lo tanto, se suspenden los ingresos de las
personas de este sector. Al eliminarse el intercambio comercial se deja de generar
riqueza y mucho menos inversión.
Todo lo anterior tiene como posible resultado un colapso social que puede tener como
resultado una disrupción social en, cuando menos, un millón de personas residentes en
la región, con peligro de alcanzar a una vasta región del país.
Al no intervenir el gobierno de forma contundente para detener este círculo vicioso,
puede traer como consecuencia males inimaginables, desde epidemias, hasta grandes
migraciones que generen efectos disruptivos nocivos para el país.
Ante esta situación, un gobierno responsable debe de actuar con rapidez, eficiencia,
energía, fuerza y determinación, cosas que no hemos visto que sucedan.
La población trabajadora y sus familias, los empresarios y hasta los dueños de los
miles de propiedades vacacionales que muchos habitantes de la Ciudad de México y
otras localidades tienen, se han mostrado solidarios para apoyar a Acapulco en su
reconstrucción y recuperación del orden necesario. Pero, el gobierno ha mostrado
desdén, desde al haber reaccionado tarde para prevenir la contingencia, hasta
minimizar la magnitud del desastre causado por el huracán Otis.
Sí tenemos una población dispuesta a rifársela en las arduas actividades de
reconstrucción y recuperación de espacios turísticos perdidos, lo que necesitamos es el
compromiso del gobierno para desviar recursos, principalmente de áreas improductivas como las millonadas que cada año se tiran a la basura en PEMEX, para que Acapulco vuelva a ser una ciudad productiva y desarrolle plenamente su vocación turística.
Esto no es solo necesario que se lleve a cabo para salvar a Acapulco, sino como una
medida preventiva para el resto del país.
Hay oportunidad de reestructurar al Puerto de Acapulco para que, a partir de esta
crisis, se reconstruya de una manera sustentable y se otorgue a sus habitantes
viviendas dignas.
Pero, sobre todo, hacer que el Puerto tenga orden, que haya seguridad y justicia, para
que vuelvan las inversiones que nos generan empleos, riqueza y progreso.
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