Cada año, cuando se acerca la discusión del presupuesto estatal, escuchamos las mismas palabras: desarrollo, infraestructura, crecimiento económico y bienestar. Son conceptos que aparecen en los discursos oficiales y en las exposiciones de motivos, pero que deben traducirse en algo mucho más concreto: obras, servicios y resultados para los ciudadanos.
Para 2026, Chihuahua aprobó un presupuesto superior a los 117 mil millones de pesos. Una cifra importante que obliga a preguntarnos no solamente cuánto dinero administra el Gobierno del Estado, sino cómo se distribuye y qué resultados produce.
Especialmente cuando hablamos de Ciudad Juárez.
Nuestra frontera es uno de los principales motores industriales, comerciales y económicos de Chihuahua. Su actividad productiva, sus empresas y sus trabajadores forman parte fundamental del desarrollo estatal. Sin embargo, esa importancia económica también debe reflejarse en las decisiones presupuestales.
No se trata de enfrentar a Juárez con la capital ni de reclamar privilegios sobre otros municipios. Se trata de exigir criterios claros, transparentes y justos para distribuir la inversión pública conforme a las necesidades de cada región.
Hoy, cuando el Gobierno del Estado prepara el presupuesto de 2027, resulta indispensable conocer cuánto se destinará a infraestructura vial, drenaje pluvial, movilidad, seguridad y servicios públicos en nuestra ciudad.
Porque anunciar inversiones no es lo mismo que ejecutarlas. Y presupuestar recursos tampoco significa necesariamente resolver problemas.
La responsabilidad comienza en el Poder Ejecutivo, que decide qué proyectos presentar, qué necesidades priorizar y dónde propone invertir los recursos públicos.
Pero no termina ahí.
El Congreso del Estado tiene una responsabilidad igualmente importante. Las diputadas y los diputados no fueron electos únicamente para levantar la mano y aprobar cifras previamente determinadas. Su función es revisar, cuestionar, modificar cuando sea necesario y vigilar el destino del dinero público.
Particularmente quienes representan a Ciudad Juárez deberían explicar qué proyectos están impulsando, qué recursos están gestionando y cómo defenderán las necesidades de sus representados durante la discusión presupuestal.
No basta con celebrar la aprobación de un presupuesto millonario. Hay que conocer sus prioridades.
Tampoco basta con asegurar que habrá más recursos para Juárez si no se conocen las cantidades, los proyectos específicos, los tiempos de ejecución y los mecanismos para evaluar sus resultados.
La transparencia presupuestal no debería limitarse a publicar documentos extensos que difícilmente llegan al ciudadano. Debería permitirnos saber, de manera sencilla, cuánto se invertirá en cada municipio, en qué obras y con qué resultados esperados.
Además, la discusión no puede reducirse al tamaño del presupuesto. También debemos preguntarnos cuánto se destina al funcionamiento del aparato gubernamental, cuánto al cumplimiento de obligaciones financieras y cuánto queda efectivamente disponible para construir infraestructura que beneficie a las próximas generaciones.
Estamos entrando en una etapa particularmente importante. El presupuesto de 2027 se discutirá cuando los distintos actores políticos comiencen a mirar hacia el siguiente proceso electoral.
Precisamente por eso, las decisiones presupuestales deben mantenerse sujetas a criterios técnicos y al interés público, no a las conveniencias del calendario político.
Ciudad Juárez necesita soluciones a problemas que llevan años acumulándose: vialidades deterioradas, infraestructura pluvial insuficiente, crecimiento urbano desordenado y necesidades de movilidad cada vez mayores.
Son asuntos que requieren coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, pero también compromisos financieros verificables.
Por eso, antes de aprobar el próximo presupuesto, sería conveniente que el Gobierno del Estado presentara un desglose territorial de sus principales inversiones y que el Congreso explicara públicamente los criterios utilizados para revisarlas.
La exigencia no debe ser solamente gastar más, sino gastar mejor, invertir donde verdaderamente se necesita y rendir cuentas de cada compromiso.
Ciudad Juárez no está pidiendo favores ni reclamando privilegios. Está exigiendo que su importancia económica y social se refleje en las decisiones del Gobierno del Estado y del Congreso. Una ciudad que tanto aporta a Chihuahua merece conocer cuánto se invertirá en ella, en qué se gastará cada peso y cuándo llegarán los resultados.
Que quede claro: Juárez no puede ser prioridad en los discursos y quedar relegada cuando se reparten los recursos. Tampoco puede ser protagonista en las campañas electorales y pasar a segundo plano cuando se aprueban los presupuestos.
El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de proponer los recursos, y el Congreso, de revisarlos y defender una distribución justa. Ambos tendrán que responder con cifras y resultados, no solamente con declaraciones.
Porque a Ciudad Juárez ya no le basta que le reconozcan su importancia. Necesita que ese reconocimiento se convierta en inversión, infraestructura y mejores condiciones de vida.
Y cuando llegue el momento de aprobar el presupuesto de 2027, que nadie olvide una verdad sencilla: el compromiso con Juárez no se mide por las veces que se le menciona en un discurso, sino por los recursos que se le asignan y las obras que se cumplen.
Al final, hechos son amores, y no buenas razones.

Héctor Meléndez
Analista Político
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