El reportaje de The New York Times sobre las operaciones de la CIA en Chihuahua exhibe una contradicción del gobierno estadounidense y coloca nuevas preguntas frente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Según la investigación periodística, Estados Unidos retiró la visa a Guillermo Zuany por presuntos vínculos con grupos criminales y posteriormente se la restituyó a cambio de su colaboración con la agencia. Lo consideraban sospechoso, pero encontraron útil convertirlo en enlace para sus operaciones.
¿Los presuntos nexos criminales dejan de importar cuando quien los tiene sirve a los intereses de Washington? Si se confirma lo publicado, el mensaje es preocupante: el combate al narcotráfico admite excepciones cuando estas facilitan la intervención estadounidense.
La cancelación de una visa no demuestra culpabilidad. Precisamente por eso resulta indispensable esclarecer qué información tenían las autoridades estadounidenses sobre Zuany y por qué después decidieron colaborar con él.
Para Chihuahua, el asunto alcanza directamente al gobierno estatal. Zuany sostiene que Maru Campos conocía la presencia de la CIA. La gobernadora lo niega. Esa contradicción exige pruebas y declaraciones ante las autoridades investigadoras.
Además, el reportaje describe actividades anteriores al operativo de El Pinal, municipio de Morelos. Hablamos de una colaboración que habría transcurrido durante meses. Esto obliga a reconstruir la cadena de decisiones: quién abrió la puerta, quién autorizó las actividades y quién recibió información sobre sus resultados.
La responsabilidad debe investigarse en todos los niveles, incluido el de la gobernadora. El cargo que ocupa no puede servir para excluirla de las preguntas que hoy pesan sobre su administración.
Corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos para atribuir responsabilidades penales y si las conductas investigadas encuadran en traición a la patria u otros delitos.
Exigir que se investigue a Campos es una demanda de esclarecimiento; no afirmó su culpabilidad sería sustituir las pruebas por una conclusión política. Pero tampoco puede aceptarse que todo termine con las responsabilidades de los subordinados. Si hubo conocimiento, autorización o encubrimiento desde la cúspide del gobierno estatal, debe establecerse y sancionarse conforme a derecho.
La cooperación internacional requiere reglas, controles y respeto a México. Ninguna autoridad local puede disponer de la soberanía nacional como si fuera una atribución personal.
La defensa de la soberanía nacional exige, ante todo, certidumbre jurídica. Ni las declaraciones de un testigo ni las negativas políticas bastan por sí solas para cerrar un caso de esta relevancia. Corresponde a la FGR agotar todas las líneas de investigación, deslindar responsabilidades con base en pruebas verificables y ofrecer a la ciudadanía una explicación transparente sobre lo ocurrido en Chihuahua.
Pedro Torres
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