En política hay diferencias que forman parte natural de la democracia. Cada gobierno puede tener su propia visión, sus prioridades y hasta distintas maneras de administrar los recursos públicos. Sin embargo, hay asuntos en los que esas diferencias deberían pasar a segundo plano. La salud es uno de ellos.
En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos ha decidido mantener un modelo estatal de atención médica a través de MediChihuahua, en lugar de incorporar los servicios de salud al IMSS-Bienestar. Su argumento ha sido que el sistema estatal ofrece mejores condiciones y que no sería conveniente entregar su operación a un modelo federal que, desde su perspectiva, no ha demostrado mejores resultados.
La decisión puede defenderse desde la autonomía estatal. Lo que no debería quedar fuera de discusión es si realmente está beneficiando a quienes más necesitan los servicios públicos de salud.
MediChihuahua ha sido presentado como uno de los programas más importantes de la administración estatal. De acuerdo con cifras del propio Gobierno de Chihuahua, hasta el 31 de julio de 2026 había registrado más de 4.5 millones de atenciones médicas y expedido alrededor de 614 mil credenciales. Son números que merecen ser considerados, pero que por sí solos no explican la calidad de los servicios ni resuelven todas las preguntas sobre el funcionamiento del sistema, una consulta registrada no necesariamente significa que un paciente haya resuelto su problema de salud. Detrás de cada cifra hay personas que necesitan medicamentos, estudios especializados, cirugías, tratamientos prolongados y atención oportuna.
La discusión adquiere mayor relevancia después de que, este 11 de noviembre, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, presentara un balance sobre el crecimiento de los servicios médicos en las entidades que forman parte de este sistema y aquellas que decidieron conservar sus propios modelos. De acuerdo con los datos expuestos, entre 2023 y octubre de 2026 las consultas generales crecieron 55 por ciento en los estados incorporados al IMSS-Bienestar, mientras que en las ocho entidades que permanecieron fuera el incremento fue de apenas cuatro por ciento. En consultas de especialidad, el crecimiento reportado fue de 105 por ciento frente a 27 por ciento.
Chihuahua forma parte de ese segundo grupo. Es importante señalar que se trata de cifras agregadas y que el crecimiento en consultas no equivale automáticamente a una mejor calidad de atención. Sin embargo, sí representan información que merece ser analizada y que obliga a plantear preguntas sobre los resultados de las distintas estrategias de salud.
Si la gobernadora sostiene que MediChihuahua es una mejor alternativa, ¿con qué indicadores está demostrando esa afirmación? ¿Cómo se compara la disponibilidad de medicamentos, la atención especializada y la capacidad hospitalaria con la de otras entidades? ¿Qué resultados concretos está obteniendo la población que depende exclusivamente de los servicios estatales?
No se trata de defender al Gobierno Federal ni de afirmar que el IMSS-Bienestar no enfrenta problemas. Los tiene, como los tienen distintas instituciones públicas del país. Precisamente por eso, la discusión debería centrarse en identificar qué funciona, qué necesita corregirse y qué capacidades pueden aprovecharse para mejorar la atención.
Tampoco es cierto que no exista ninguna colaboración entre Chihuahua y las instituciones federales. El propio Gobierno estatal ha reconocido que mantiene convenios de intercambio y subrogación de servicios con el IMSS, incluso facilitando infraestructura y equipamiento hospitalario para atender a sus derechohabientes. La gobernadora también ha señalado la existencia de adeudos por esos servicios.
Entonces, si hay posibilidades de colaboración cuando se trata de compartir quirófanos, equipo e instalaciones,¿fortalecer la atención médica?
Aquí es donde la postura del Gobierno estatal merece una explicación más amplia. La autonomía no debería convertirse en una barrera para aprovechar oportunidades que puedan beneficiar a la población. Mantener un modelo propio no tendría que significar rechazar cualquier alternativa federal, así como incorporarse a un sistema nacional tampoco debería implicar renunciar a la capacidad de exigir mejores servicios.
Lo verdaderamente preocupante sería que las diferencias entre administraciones terminaran condicionando las oportunidades de atención de las personas que no cuentan con seguridad social.
Maru Campos tiene derecho a defender MediChihuahua, pero también tiene la obligación de demostrar que su decisión está dando los mejores resultados posibles. Y si existen alternativas de colaboración con la Federación que puedan ampliar la cobertura o mejorar los servicios, tendría que estar dispuesta a explorarlas.
La salud no debería tener colores partidistas. Debería tener presupuesto, coordinación, medicamentos, médicos y resultados. Los gobiernos pueden tener diferencias, los partidos pueden defender modelos distintos y las administraciones pueden competir por demostrar quién hace mejor las cosas, pero ninguna de esas disputas debería estar por encima del derecho de las personas a recibir atención médica.
Al final, no se trata de decidir qué gobierno se lleva el reconocimiento. Se trata de que la gente pueda enfermarse sin tener que enfrentarse, además de su padecimiento, a las consecuencias de las diferencias políticas de quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
Karina Villegas
Activista social, licenciada en Administración de Empresas por el ITCJ y emprendedora con enfoque humano. Cree firmemente en que la participación ciudadana transforma realidades. Desde cada espacio que ocupa, impulsa causas que fortalecen la voz colectiva y la construcción de comunidad con visión solidaria y acción constante.
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