La defensa sostiene que no hay prueba directa de que el exfiscal conociera o autorizara la presencia de extranjeros y cuestiona que el caso se lleve en Almoloya.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La defensa de César Gustavo Jáuregui Moreno apeló el auto de vinculación a proceso por traición a la patria y sostuvo que el juez federal suplió deficiencias de la Fiscalía General de la República al incorporar razonamientos que, según los abogados, no fueron desarrollados por el Ministerio Público.
El recurso fue presentado por el abogado José Ramón Flores Flores dentro de la causa penal 408/2026 y controvierte la resolución dictada el pasado 25 de octubre por el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Uno de los argumentos centrales es que no existe una prueba directa que acredite que Jáuregui conocía o autorizó la presencia de cuatro personas extranjeras en el operativo realizado del 16 al 19 de abril de 2026 en Morelos, Chihuahua, donde fue localizado y desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
La defensa cuestiona que la imputación por traición a la patria se construya a partir de la responsabilidad institucional que Jáuregui tenía como fiscal general, sin acreditar una orden específica, autorización expresa o intención de comprometer la soberanía o independencia de México.
“No existe un solo dato de prueba que acredite que el exfiscal conocía o autorizó la presencia de agentes extranjeros”.
Los abogados también impugnan la interpretación de un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional relacionado con la solicitud de seguridad perimetral para el operativo. Sostienen que pedir apoyo militar para proteger a los elementos participantes no demuestra que Jáuregui tuviera conocimiento de la presencia de extranjeros.
El recurso dirige uno de sus señalamientos más severos contra la actuación del juez, al afirmar que el juzgador incorporó argumentos jurídicos y elementos interpretativos que correspondían desarrollar a la FGR.
La defensa sostiene que esa actuación habría afectado la imparcialidad judicial y el principio de igualdad procesal, al considerar que el juez terminó fortaleciendo una imputación que, desde su perspectiva, no estaba suficientemente construida por el órgano acusador.
Otro de los puntos impugnados es la configuración misma del delito de traición a la patria. Los abogados argumentan que la presencia de cuatro extranjeros en un operativo contra el narcotráfico no demuestra, por sí sola, un propósito de someter a México a la voluntad de una persona, grupo o gobierno extranjero.
Según el recurso, tampoco se acreditó que los extranjeros hubieran asumido el mando de la investigación o desplazado a las autoridades mexicanas en las decisiones operativas.
La defensa afirma que la conducción permaneció bajo responsabilidad de mandos de la Agencia Estatal de Investigación y que la finalidad del operativo fue combatir la producción de drogas sintéticas.
La apelación también cuestiona que el proceso se tramite en Almoloya de Juárez y no ante tribunales federales de Chihuahua, donde ocurrieron los hechos investigados.
Los abogados sostienen que la FGR justificó el cambio de competencia territorial con argumentos sobre una eventual capacidad de Jáuregui para influir en autoridades penitenciarias o recibir trato privilegiado en Chihuahua, pero consideran que no se aportaron elementos concretos para acreditar ese riesgo.
Por ello, solicitan revisar la competencia judicial y, en su caso, ordenar la reposición del procedimiento para que el asunto sea conocido por el órgano jurisdiccional que corresponda territorialmente.
La defensa también pide que se revise la interpretación del artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal, al sostener que para configurar traición a la patria no basta acreditar irregularidades administrativas o la presencia de extranjeros, sino una conducta dirigida específicamente contra la independencia, soberanía o integridad de la nación.
El equipo jurídico solicitó además una audiencia para presentar alegatos aclaratorios ante los magistrados que conozcan del recurso.
La apelación abre una nueva etapa procesal para Jáuregui, quien permanece sujeto a la causa federal por traición a la patria. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria y su responsabilidad penal deberá resolverse conforme a las pruebas y al debido proceso.
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