La reducción de los homicidios dolosos que ha reportado el Gobierno Federal es demasiado importante como para ignorarla y demasiado importante también como para no revisarla con rigor.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026. Es decir, una disminución superior al 52 por ciento: alrededor de 45 homicidios menos cada día.
Es una buena noticia y debe reconocerse.
También debe reconocerse que la estrategia encabezada por Omar García Harfuch ha mostrado una capacidad operativa muy superior a la que vimos durante buena parte del sexenio anterior: más inteligencia, más coordinación, detenciones relevantes, aseguramientos de armas y drogas y una presión mucho mayor sobre organizaciones criminales.
Pero en seguridad pública hay algo tan importante como obtener resultados: medirlos correctamente.
Desde enero de este año cambió la metodología utilizada por el Secretariado Ejecutivo para registrar la incidencia delictiva. El nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva modificó y amplió las categorías con las que las fiscalías estatales reportan delitos y víctimas.
Eso, por sí mismo, no significa que exista manipulación. De hecho, mejorar la clasificación estadística puede permitirnos comprender mucho mejor la realidad criminal del país.
El problema aparece cuando utilizamos series construidas con metodologías diferentes para hacer afirmaciones históricas sin explicar suficientemente qué cambió entre una y otra.
Una disminución de más del 50 por ciento en homicidios sería uno de los avances más importantes en materia de seguridad de los últimos años. Precisamente por eso debemos saber con absoluta claridad qué estamos comparando.
¿Cuántas muertes violentas se clasifican hoy como homicidio doloso? ¿Cuántas terminan dentro de otras categorías relacionadas con delitos contra la vida y la integridad corporal? ¿Cómo se homologaron las cifras de las 32 fiscalías?
¿Qué ocurre con aquellos casos cuya clasificación inicial posteriormente se modifica?
No son preguntas menores ni cuestionamientos partidistas.
Las estadísticas de seguridad deben servir para diseñar políticas públicas, no para construir propaganda.
Durante décadas, gobiernos de todos los colores han tenido la tentación de presentar las cifras de la manera que más favorezca la evaluación de su gestión. Es un error. Porque aquello que no se mide no puede corregirse, pero aquello que se mide mal termina corrigiéndose todavía peor.
Y hay otra dimensión que tampoco podemos olvidar: el homicidio doloso es solamente uno de los indicadores de violencia.
México continúa enfrentando desapariciones, extorsión, cobro de piso, reclutamiento criminal, desplazamiento de comunidades y una enorme cifra negra de delitos que jamás llegan ante un Ministerio Público.
Por eso no debemos caer en ninguno de los dos extremos.
Sería absurdo negar una reducción real de los homicidios solamente porque proviene del Gobierno. Pero sería igualmente irresponsable aceptar cualquier cifra sin revisar la metodología que la produce.
Si estamos logrando reducir los homicidios, hay que reconocerlo, entender por qué está ocurriendo y profundizar aquello que funciona.
Pero también debemos exigir que las cifras sean auditables, comparables y transparentes.
En seguridad, una buena estadística puede salvar vidas porque permite decidir mejor.
Una mala estadística puede esconder durante años el lugar exacto donde estamos fallando.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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