La ASF detectó pagos a proveedores fallecidos y recursos pendientes de aclarar durante la gestión de Gregorio Chávez Treviño en 2023.
Ciudad de México (ADN/Staff) – Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora Andrea Chávez, aparece entre los funcionarios señalados en una investigación sobre irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en Liconsa durante 2023.
Chávez Treviño se desempeñaba como gerente estatal de Liconsa en Chihuahua y había sido designado en ese cargo en noviembre de 2022.
La Auditoría Superior de la Federación detectó 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa correspondientes a la Cuenta Pública 2023, además de diversas acciones para determinar posibles responsabilidades administrativas.
Entre los hallazgos se encuentran pagos realizados a personas fallecidas, recursos entregados a proveedores que no cumplían con las condiciones para acceder al precio de garantía y operaciones relacionadas con leche cuya recolección y traslado no pudieron ser acreditados.
En Chihuahua, una de las observaciones se relaciona con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023, mediante el cual se realizaron pagos por más de un millón de pesos a dos proveedores que ya habían fallecido.
Uno de ellos murió en febrero de 2023 y otro en marzo del mismo año, pero los pagos asociados al contrato continuaron durante ese ejercicio, de acuerdo con la revisión de la ASF.
Chávez Treviño aparece además relacionado con otra observación por aproximadamente 4.5 millones de pesos, correspondiente a pagos de precios de garantía a proveedores que, según la auditoría, no cumplían con los requisitos establecidos para recibir ese beneficio.
La investigación también documentó irregularidades en operaciones de Liconsa en Jalisco y Coahuila, con montos adicionales observados por pagos a proveedores no elegibles y por leche cuya recolección no pudo acreditarse.
Hasta la publicación de la investigación, las posibles responsabilidades administrativas todavía no habían sido determinadas de manera definitiva, y el procedimiento seguía pendiente de avanzar hacia las áreas encargadas de investigar y, en su caso, sancionar.
La información señala que Gregorio Chávez fue buscado para conocer su postura sobre las observaciones, pero no se obtuvo respuesta. Las irregularidades detectadas por la ASF no equivalen por sí mismas a una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
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