La diputada del PAN presentó una iniciativa para sancionar el abuso sexual contra animales, su difusión digital y el encubrimiento de servidores públicos.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Joss Vega, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Chihuahua para establecer sanciones penales específicas contra la zoofilia y la zooerastia, con penas de uno a tres años de prisión y multas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La propuesta, entregada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, busca fortalecer la protección jurídica de los animales y establecer responsabilidades penales por conductas de abuso sexual, que, de acuerdo con la legisladora, actualmente presentan vacíos en la legislación estatal y son atendidas mediante disposiciones administrativas.
El proyecto contempla penas de uno a tres años de cárcel y multas de 500 a mil UMA para quienes realicen actos sexuales con animales o los utilicen con esos fines, mediante la incorporación de disposiciones específicas al marco jurídico de Chihuahua.
Además de sancionar directamente estas conductas, la iniciativa plantea establecer responsabilidades por la promoción, difusión y comercialización de material gráfico o digital relacionado con actos de abuso sexual contra animales, particularmente cuando se utilicen plataformas electrónicas para distribuir este contenido.
La legisladora propuso que las penas se incrementen en un 50 por ciento cuando los actos sean grabados o fotografiados con fines de difusión, comercialización o notoriedad pública, como una agravante relacionada con el aprovechamiento de estas conductas.
De esta manera, el proyecto busca ampliar las herramientas legales disponibles para perseguir tanto la comisión de los actos como determinadas actividades relacionadas con su registro y circulación en medios digitales.
Otro de los componentes de la iniciativa está dirigido a los servidores públicos responsables de prevenir, denunciar y sancionar el maltrato animal, quienes podrían enfrentar consecuencias penales cuando incumplan deliberadamente sus obligaciones o participen en actos de crueldad.
En estos casos, la propuesta establece sanciones de uno a tres años de prisión, además de multas económicas, para funcionarios que permitan, participen o encubran conductas de maltrato y negligencia en instalaciones destinadas al resguardo de animales.
Las disposiciones contemplan situaciones relacionadas con perreras, centros de control animal y otros espacios donde las autoridades tienen responsabilidades de protección y bienestar animal, con el propósito de establecer consecuencias legales ante posibles actos de abuso o encubrimiento.
En materia económica, la iniciativa también plantea que los recursos obtenidos mediante las multas sean destinados al Fondo Estatal de Bienestar Animal, mecanismo orientado a respaldar acciones relacionadas con la protección y atención de animales en Chihuahua.
De acuerdo con la propuesta, este fondo opera mediante un comité técnico integrado por representantes de las secretarías estatales de Hacienda, Salud, Desarrollo Rural y de la Función Pública, encargadas de participar en su administración y funcionamiento.
Joss Vega señaló que el objetivo de las modificaciones es cerrar vacíos legales y fortalecer los mecanismos institucionales para combatir el abuso contra los animales, mediante la incorporación de sanciones específicas y obligaciones para las autoridades responsables de su protección.
La iniciativa también pretende establecer una diferencia entre las infracciones administrativas relacionadas con el bienestar animal y aquellas conductas que, por su naturaleza, podrían ser consideradas delitos dentro de la legislación penal estatal.
La propuesta todavía deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente, que contempla su revisión, análisis y eventual dictaminación en las comisiones del Congreso del Estado, antes de que pueda someterse a consideración del Pleno.
En caso de obtener la aprobación legislativa y completar el proceso de publicación correspondiente, las nuevas disposiciones permitirían incorporar sanciones penales específicas por zoofilia, así como medidas adicionales contra la difusión de estos actos y el incumplimiento de obligaciones de servidores públicos en materia de protección animal.
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