Esta columna toma como punto de partida el informe Hacer que los mercados laborales funcionen, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2026, que analiza tres décadas de avances laborales modestos en América Latina y plantea la necesidad de ir más allá de los ajustes de política para enfrentar las barreras estructurales que limitan la productividad y el bienestar de los trabajadores.
México ha conseguido avances importantes en materia laboral, pero el ritmo de mejora sigue siendo modesto. Entre 1995 y 2024, el ingreso laboral real mensual por trabajador pasó de 567 a 669 dólares de 2017, ajustados por paridad de poder adquisitivo: un crecimiento cercano al 18% en casi tres décadas, frente al 31% registrado en los países de la OCDE. En el mismo periodo, la proporción de trabajadores mexicanos por debajo del umbral de pobreza laboral utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) disminuyó de 30% a 24%, todavía por encima del promedio regional de 16%.
No se trata de ignorar los avances, sino de dimensionarlos. Tres décadas de crecimiento económico, integración comercial y cambios en las políticas públicas no han conseguido cerrar las brechas de productividad y bienestar al ritmo necesario. ¿Qué nos impide avanzar más rápido?
Una parte de la respuesta está en el costo de una transformación productiva incompleta. La baja productividad limita la capacidad de las empresas para crecer, invertir, incorporar tecnología y contratar trabajadores en condiciones formales. Cuando una proporción elevada del empleo se concentra en unidades productivas pequeñas, con capacidades limitadas para escalar, las consecuencias van más allá de la eficiencia económica: también condicionan la cantidad y la calidad de los empleos disponibles, las oportunidades de desarrollo profesional y el crecimiento de los ingresos.
El problema es que algunas políticas públicas pueden terminar desalentando el crecimiento de las empresas. Por ejemplo, ciertos apoyos fiscales permiten que los negocios pequeños paguen menos impuestos o cuotas de seguridad social. Pero cuando crecen y superan ciertos límites, pueden perder esos beneficios y enfrentar mayores costos. Esto puede llevar a algunas empresas a preferir mantenerse pequeñas, en lugar de crecer y contratar más trabajadores. Además, las cuotas que deben pagar las empresas para financiar la seguridad social pueden hacer más costosa la contratación formal. Así, medidas creadas para apoyar a los pequeños negocios o proteger a los trabajadores pueden terminar dificultando, sin proponérselo, el crecimiento de las empresas y la creación de empleos formales.
No significa que toda regulación sea contraproducente ni que las empresas pequeñas sean necesariamente improductivas. Significa que los incentivos importan. Si crecer implica asumir costos adicionales desproporcionados, mientras permanecer pequeño ofrece ventajas relativas, la política pública puede terminar reforzando la estructura económica que pretende transformar. En lugar de favorecer que más empresas se conviertan en unidades productivas capaces de escalar, puede contribuir a perpetuar la fragmentación empresarial y el empleo de baja productividad.
Para México, esta limitación tiene implicaciones adicionales. Nuestra integración en las cadenas globales de producción abre oportunidades para expandir la manufactura y acceder a mercados internacionales, pero no garantiza por sí sola que las empresas nacionales desarrollen capacidades tecnológicas, que los proveedores locales asciendan hacia actividades más complejas o que una proporción creciente del valor se genere en el país. Como lo hemos dicho antes, la pregunta no es solamente cuánto producimos y exportamos, sino cuánto aprendemos, cuánto valor agregamos y qué capacidades permanecen en nuestra economía.
En este contexto conviene examinar las reformas laborales recientes. La recuperación del salario mínimo mejoró el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos. La reforma de subcontratación de 2021, por su parte, corrigió incentivos que permitían eludir determinadas obligaciones laborales. El BID recoge estimaciones según las cuales esta última elevó alrededor de 3% la remuneración laboral total durante el primer año posterior a su implementación, sin efectos detectables sobre el empleo total ni las horas trabajadas. Son avances que deben reconocerse, no minimizarse.
Sin embargo, mejorar la distribución de los ingresos o corregir prácticas contractuales no equivale a transformar la estructura productiva. Estas medidas pueden cumplir sus objetivos inmediatos sin garantizar que las empresas eleven su productividad, innoven, escalen o generen empleos de mayor valor. Precisamente ahí radica el límite de una agenda centrada en ajustes sucesivos: podemos mejorar resultados concretos y, al mismo tiempo, conservar los incentivos y las condiciones que reproducen los problemas de fondo.
México necesita articular su política laboral con una estrategia más ambiciosa de desarrollo productivo. Esto implica revisar los incentivos que condicionan el crecimiento empresarial, facilitar la adopción tecnológica, fortalecer a los proveedores nacionales y vincular la formación de talento con la transformación industrial. También exige evaluar las políticas no solamente por los recursos que movilizan o las obligaciones que establecen, sino por su capacidad para generar cambios sostenidos en la productividad y la calidad del empleo.
El desafío no es dejar de hacer reformas. Es dejar de confundir las reformas con la transformación. Después de décadas de ajustes, la pregunta de fondo sigue siendo si estamos construyendo una economía capaz de generar más valor y mejores oportunidades, o si seguimos intentando compensar con nuevos instrumentos las limitaciones de una estructura productiva que cambia demasiado poco.
Luis Enrique Villavicencio
Especialista en desarrollo económico y vinculación estratégica entre academia, industria y sector público. Enfocado en fortalecer MIPYMES y alinear la formación con el sector productivo, analiza el entorno económico con visión crítica y enfoque propositivo para impulsar la competitividad regional.
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