La reforma constitucional aplicará desde 2028 a Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto de reforma constitucional que establece la nacionalidad única mexicana como requisito para quienes busquen contender por la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y entrará en vigor a partir de 2028, conforme al decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación.
“A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de Gobernador o Gobernadora, Jefa de Gobierno, Jefe de Gobierno, Presidenta o Presidente de la República solo puede ser mexicano”.
Durante la conferencia matutina, la mandataria federal señaló que el decreto busca establecer con claridad que quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal, estatales o de la Ciudad de México cuenten únicamente con la nacionalidad mexicana al momento de buscar su registro.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y 22 legislaturas estatales, con lo que se completó el procedimiento legislativo correspondiente para una reforma constitucional.
De acuerdo con la explicación del Gobierno Federal, las personas que cuenten con una segunda nacionalidad y busquen postularse a alguno de esos cargos deberán renunciar a ella antes de registrarse ante el Instituto Nacional Electoral.
La modificación tendrá impacto en los procesos electorales a partir de 2028, por lo que será aplicable a quienes pretendan contender por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en los comicios correspondientes.
Con la firma del decreto, el Ejecutivo Federal formalizó la etapa final del proceso constitucional, luego de que la reforma alcanzara el aval del Congreso de la Unión y de la mayoría requerida de congresos locales.
La reforma forma parte de los cambios impulsados por el Gobierno Federal en materia de requisitos de elegibilidad para cargos ejecutivos, con énfasis en la relación entre nacionalidad, representación política y ejercicio de responsabilidades públicas.
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