Rosana Díaz destacó reformas para evitar que familias enfrenten la negativa de entrega de cuerpos por adeudos hospitalarios
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Rosana Díaz Reyes destacó el fortalecimiento de la legislación estatal para proteger la dignidad de las personas fallecidas y brindar mayor certeza jurídica a sus familias ante casos de retención o manejo irregular de cadáveres.
La legisladora recordó que desde el 3 de octubre de 2023 impulsó una iniciativa para reformar el artículo 322 del Código Penal, con el propósito de sancionar la retención o negativa de entrega de un cuerpo por adeudos hospitalarios o sin justificación legal.
De acuerdo con las nuevas disposiciones, impedir la entrega de un cadáver bajo el argumento de adeudos podrá sancionarse con destitución e inhabilitación de seis meses a dos años, o con multa de 500 a 2 mil Unidades de Medida y Actualización.
La reforma también contempla sanciones para quienes dejen de inhumar o incinerar un cadáver, conducta que podrá alcanzar una pena de seis meses a tres años de prisión.
En los casos donde se trate de dos o más cuerpos, la persona jurídica responsable podrá enfrentar la suspensión de actividades de seis meses a dos años, como parte de las medidas orientadas a garantizar un manejo adecuado y digno.
Díaz Reyes señaló que la legislación fortalece la vigilancia sobre funerarias y crematorios, al incorporar registros digitales de identificación, datos biométricos vinculados al Sistema Nacional de Búsqueda y revisiones mensuales.
“Desde 2023 señalamos que ninguna familia debe enfrentar la retención del cuerpo de un ser querido por una deuda. La dignidad humana debe protegerse también después de la muerte y hoy contamos con mayores herramientas legales para hacerlo.”
La diputada sostuvo que las reformas representan un cambio relevante frente a la regulación anterior, al incorporar sanciones penales, mayor supervisión y mecanismos de trazabilidad para el manejo de cuerpos.
Finalmente, Rosana Díaz afirmó que estas medidas buscan evitar abusos contra las familias en momentos de duelo y garantizar que los procesos relacionados con personas fallecidas se realicen con respeto, legalidad y plena identificación.
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