Hace algunos años, ver un video era casi suficiente para creer que algo había ocurrido. “Lo vi con mis propios ojos” parecía una prueba difícil de cuestionar. Hoy ya no podemos estar tan seguros.
La inteligencia artificial permite crear imágenes de personas que nunca existieron, reproducir la voz de alguien a partir de pequeñas muestras de audio e incluso generar videos en los que una persona aparentemente dice o hace cosas que jamás ocurrieron.
Los conocemos como deepfakes y representan uno de los grandes desafíos que la tecnología está planteando al Derecho.
Pensemos en algo muy sencillo: ¿qué sucede si mañana aparece en redes sociales un video con nuestro rostro y nuestra voz diciendo algo que nunca dijimos? ¿A quién pertenecen nuestra imagen y nuestra voz cuando pueden ser reproducidas digitalmente? La pregunta ya llegó al Congreso mexicano.
En abril de este año se presentó en el Senado una iniciativa para reformar el artículo 6º constitucional y reconocer expresamente el derecho a la protección de la identidad digital. La propuesta resulta interesante porque define la identidad digital como la proyección de nuestra personalidad en los entornos digitales e incluye elementos tan personales como la imagen, la voz y los datos biométricos. También propone proteger a las personas frente a representaciones creadas o manipuladas mediante inteligencia artificial sin su consentimiento.
Hay que hacer una precisión importante: se trata de una iniciativa y actualmente continúa pendiente en comisiones. No es todavía un nuevo derecho incorporado expresamente a nuestra Constitución. Sin embargo, el Poder Judicial también ha comenzado a plantearse preguntas semejantes.
El pasado mes de junio, un Tribunal Colegiado publicó un criterio en el Semanario Judicial de la Federación que utiliza un concepto particularmente interesante: “soberanía digital personal”. El asunto surgió a partir de un juicio relacionado con la CURP biométrica y el tratamiento de datos biométricos por parte de las autoridades. El tribunal consideró que los avances tecnológicos plantean riesgos que obligan a ampliar nuestra manera tradicional de entender la privacidad.Y aquí encontramos una diferencia fundamental.
Una contraseña puede cambiarse. Una tarjeta bancaria puede cancelarse. Incluso podemos abandonar una cuenta de correo electrónico. Pero no podemos sustituir nuestro rostro, nuestras huellas digitales o nuestros rasgos biométricos cada vez que existe una filtración o un uso indebido. Por eso la discusión va mucho más allá de los deepfakes.
Estamos hablando de quién almacena nuestros datos, quién puede utilizarlos, durante cuánto tiempo, con qué finalidad y qué mecanismos existen para protegernos cuando la tecnología permite identificar, reproducir o incluso imitar características que forman parte de nosotros. Por supuesto, la respuesta jurídica tampoco puede ser simplemente prohibir cualquier utilización de una imagen. Existen otros derechos que deben protegerse.
La libertad de expresión, el periodismo, la creación artística, la investigación y el interés público también forman parte de una sociedad democrática. Precisamente por ello la iniciativa que se encuentra en el Senado contempla excepciones que posteriormente tendrían que desarrollarse y delimitarse mediante la legislación. El verdadero desafío será encontrar el equilibrio.
La inteligencia artificial puede representar una extraordinaria herramienta para el desarrollo, la educación, la medicina, la administración pública y muchas otras actividades. El problema no es la tecnología por sí misma, sino nuestra capacidad para establecer límites cuando su utilización afecta derechos fundamentales.
Durante décadas construimos normas pensando fundamentalmente en nuestra identidad en el mundo físico. Hoy una parte importante de nuestra vida ocurre también en el espacio digital. Ahí trabajamos, opinamos, compramos, realizamos trámites, almacenamos información y construimos nuestra reputación.
Por eso quizá ha llegado el momento de reconocer algo que hasta hace pocos años parecía innecesario preguntarnos: si nuestra identidad también existe en el mundo digital, nuestros derechos deben ser capaces de protegernos también ahí.
Daniela González Lara
Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal
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