El dictamen plantea que aspirantes a la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad.
Ciudad de México (ADN/Staff) – Una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que busca impedir que personas con doble nacionalidad sean candidatas a la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, salvo que renuncien previamente a cualquier otra ciudadanía.
La propuesta retoma la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establecer de manera expresa que quienes aspiren a esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y conservar únicamente la nacionalidad mexicana.
El dictamen también contempla restricciones para que quienes ocupen esos cargos no puedan adquirir otra nacionalidad durante el ejercicio de sus funciones ni invocar ante autoridades extranjeras una ciudadanía distinta a la mexicana.
La medida incluiría además limitaciones al uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, al ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y a la solicitud de protección diplomática de otro país.
La aprobación en comisión representa un avance legislativo, pero la reforma todavía no entra en vigor. El dictamen deberá ser discutido y votado por el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado.
Al tratarse de una modificación constitucional, requiere mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la aprobación de al menos 17 congresos estatales.
La propuesta no elimina la doble nacionalidad para la población mexicana en general. La restricción estaría limitada a quienes pretendan ocupar los principales cargos ejecutivos del país.
El argumento central del Ejecutivo es que quienes encabecen la Presidencia, los gobiernos estatales o la Jefatura de Gobierno de la capital deben mantener una sola lealtad jurídica y política frente al Estado mexicano.
La discusión legislativa deberá definir además cómo se acreditará formalmente la renuncia a otra nacionalidad y qué procedimiento se aplicará cuando la legislación del segundo país limite o condicione esa renuncia.
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