Hay una factura que Ciudad Juárez está pagando y que no aparece en ningún presupuesto público.
Se paga en horas perdidas frente a una dependencia, abogados, traslados, investigaciones que se prolongan, negocios afectados por bloqueos, policías destinados a contener manifestaciones, familias desgastadas y, sobre todo, confianza destruida.
Es el costo social, económico y político de no escuchar a tiempo.
La imagen se repite con demasiada frecuencia; madres cerrando un puente internacional, familiares colocando mantas, colectivos buscando desaparecidos, víctimas denunciando públicamente sus expedientes y vecinos recurriendo a medios y redes sociales porque sus gestiones ordinarias no produjeron resultados.
El pasado 30 de agosto, madres y colectivos marcharon desde el Centro de Ciudad Juárez y terminaron bloqueando el acceso al Puente Internacional Paso del Norte para exigir avances en casos de presunto abuso infantil.
Un día después, las protestas se extendieron mediante mantas colocadas en distintos puntos de la ciudad.
La pregunta inmediata podría ser cuánto costó ese bloqueo.
La importante es otra; ¿Cuánto costó llegar hasta él?
La protesta también cuesta
En una frontera como Juárez, cerrar una vialidad estratégica o interrumpir un cruce internacional tiene consecuencias.
Hay trabajadores que llegan tarde, vehículos detenidos, combustible consumido, mercancías retrasadas, negocios afectados y recursos públicos movilizados.
Sería absurdo negar ese impacto.
Pero sería todavía más absurdo comenzar la contabilidad en el minuto en que una madre bloquea una calle y no en el momento en que presentó su primera denuncia.
Antes del bloqueo hubo expedientes.
Antes de las mantas hubo familias buscando respuestas.
Antes de los medios hubo oficinas.
Antes del grito hubo alguien hablando.
Ese es el punto que frecuentemente se pierde cuando el poder analiza una protesta solamente como un problema de gobernabilidad.
La manifestación es muchas veces el final del problema, no su principio.
El impuesto de la ineficiencia
Existe además un costo económico silencioso que termina pagando directamente el ciudadano.
Una madre que falta al trabajo para acudir a Fiscalía pierde ingreso o arriesga su empleo.
Una familia que contrata abogados desvía recursos destinados originalmente a alimentación, vivienda o educación.
Quien realiza una búsqueda paga gasolina, agua, herramientas y transporte.
Quien acude repetidamente a una dependencia invierte horas que tienen un valor económico.
Es una especie de impuesto de la ineficiencia.
Primero pagamos impuestos para sostener instituciones.
Después volvemos a pagar para conseguir que funcionen.
Y existe una tercera factura cuando no funcionan; pagamos las consecuencias.
Plenitud es probablemente el ejemplo más estremecedor.
386 cuerpos después
El hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, en junio de 2025, debería permanecer como una advertencia permanente para cualquier administración pública.
A finales de junio de 2026, casi un año después del descubrimiento, todavía se reportaban 251 cuerpos identificados de los 386 encontrados, mientras continuaban las investigaciones relacionadas con posibles fraudes.
El costo de Plenitud no puede medirse solamente mediante las responsabilidades penales que finalmente puedan determinar los tribunales.
Hay que sumar peritajes.
Identificaciones.
Personal forense.
Investigaciones ministeriales.
Procesos judiciales.
Atención a familias.
Recursos administrativos.
Horas de servidores públicos.
Y todo aquello que continuará gastándose hasta cerrar cada expediente.
Pero falta agregar el costo más grave; la pérdida de confianza en las instituciones que tenían alguna responsabilidad de supervisión.
Porque 386 cuerpos no aparecen simultáneamente.
Se acumulan.
Y cuando una irregularidad alcanza semejante dimensión, resulta legítimo preguntarse no solamente quién la cometió, sino qué controles institucionales no lograron detectarla oportunamente.
Esa diferencia es fundamental.
Castigar responsables es justicia.
Impedir que vuelva a suceder es Estado.
Cuando una madre cierra un puente
Las protestas recientes por presuntos abusos sexuales contra menores deberían analizarse bajo esa misma lógica.
Las familias que bloquearon el Paso del Norte denunciaron lentitud y revictimización durante los procesos.
Entre los casos mencionados estuvo el de una estancia infantil que, según información difundida durante las movilizaciones, acumula al menos 12 denuncias.
Posteriormente aparecieron mantas en puntos estratégicos de Juárez para mantener públicamente la exigencia.
Eso no determina culpabilidades.
Los responsables deben establecerse mediante investigaciones, pruebas, defensa y resoluciones judiciales.
Pero existe otro juicio que ocurre fuera de los tribunales; el juicio ciudadano sobre la capacidad de las instituciones para responder.
Y ahí el resultado puede ser devastador.
Porque cuando una familia concluye que una manta consigue más atención que un expediente, algo se rompe entre ciudadano y Estado.
La desigualdad de poder gritar
Existe además una injusticia todavía más profunda.
No todos pueden manifestarse.
No todos pueden bloquear una calle.
No todos conocen periodistas.
No todos pueden contratar abogados.
No todos saben convertir una denuncia en tendencia de redes sociales.
No todos pueden faltar al trabajo.
No todos pertenecen a un colectivo.
Entonces surge una pregunta mucho más preocupante que cualquier bloqueo; ¿qué pasa con quienes no pueden hacer ruido?
Por cada familia frente a una cámara probablemente existen otras agotadas en una sala de espera.
Por cada manta puede existir un expediente silencioso.
Por cada colonia que bloquea una avenida puede haber diez que continúan enviando oficios.
Por cada ciudadano que protesta puede existir otro que simplemente dejó de creer.
Esas son las voces que no se escuchan.
Y quizá representan un riesgo institucional mayor que quienes protestan.
El ciudadano que grita todavía espera algo del gobierno.
El ciudadano que dejó de hacerlo posiblemente ya no.
La confianza también tiene números
El deterioro de la confianza pública no es una abstracción.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI mostró que en 2023 apenas 38.6% de la población manifestó mucha o alguna confianza en los ministerios públicos y fiscalías estatales; para jueces y magistrados fue 39.4% y para los gobiernos municipales, 49.9%,
Hay otro dato particularmente incómodo para Chihuahua.
En 2023, 84% de la población adulta del estado percibía que los actos de corrupción eran frecuentes o muy frecuentes,
Más grave todavía: Chihuahua registró una tasa estimada de 21 mil 891 víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos, la mayor entre las entidades reportadas por la ENCIG de ese año.
Son datos estatales, no exclusivos de Ciudad Juárez, y deben interpretarse bajo esa precisión.
Pero constituyen el contexto en el cual los juarenses interactúan con sus instituciones.
Por eso cada expediente abandonado importa.
Cada llamada ignorada importa.
Cada inspección omitida importa.
Cada respuesta tardía importa.
Porque la confianza institucional se construye exactamente ahí.
El costo político llega después
Los gobiernos suelen medir el costo político mediante encuestas electorales.
Es un error.
El desgaste comienza mucho antes.
Empieza cuando alguien presenta un escrito y nadie responde.
Continúa cuando vuelve una segunda vez.
Después una tercera.
Busca al director.
Busca al regidor.
Busca al diputado.
Busca un periodista.
Publica en Facebook.
Organiza vecinos.
Imprime una manta.
Y finalmente bloquea.
Entonces la autoridad descubre el problema.
Pero políticamente ya llegó tarde.
Porque quizá pueda retirar el bloqueo en unas horas.
Recuperar la confianza puede tomar años.
Ahí radica el verdadero costo político de la indiferencia institucional; cada ciudadano que concluye que el gobierno solamente escucha mediante presión deja de percibir al Estado como una vía de solución y comienza a verlo como otro obstáculo que debe vencer.
Hasta que ocurrió una tragedia
Ciudad Juárez conoce demasiado bien el precio de reaccionar después.
El incendio de la estación migratoria del 27 de marzo de 2023 dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados.
Más de tres años después, familiares continuaban denunciando falta de reparación integral y cuestionando la manera en que se había conducido el proceso judicial.
Otra vez aparecen las familias.
Otra vez aparecen los abogados.
Otra vez aparecen organizaciones.
Otra vez aparecen los medios.
Otra vez aparece la exigencia pública.
Cambian los casos.
Cambian las víctimas.
Cambian las autoridades responsables.
Pero existe una pregunta que permanece; ¿por qué tantas veces hay que convertir el dolor en presión pública para conseguir atención institucional?
Gobernar antes del grito
No se trata de romantizar las manifestaciones.
Un bloqueo puede afectar derechos de terceros.
Puede perjudicar trabajadores.
Puede provocar pérdidas económicas.
Puede paralizar actividades esenciales.
Precisamente por eso la responsabilidad gubernamental debería consistir en evitar que los conflictos lleguen hasta ese punto.
La política pública verdaderamente eficiente no es aquella que manda funcionarios a negociar cuando la avenida ya está cerrada.
Es aquella que detecta el problema cuando todavía existe una persona sentada frente a un escritorio pidiendo ayuda.
Necesitamos medir otra cosa.
Cuánto cuesta no escuchar.
Cuánto cuestan las inspecciones que no se hicieron.
Los expedientes que se retrasaron.
Las denuncias que se acumularon.
Las familias que tuvieron que contratar abogados.
Las jornadas laborales perdidas.
Los operativos desplegados después.
Las reparaciones del daño.
Los procesos judiciales.
Y la confianza pública que probablemente nunca recuperaremos completamente.
Entonces quizá descubramos que el bloqueo no era lo más caro.
Lo verdaderamente caro fue permitir que el ciudadano tuviera que llegar hasta ahí.
Ciudad Juárez no necesita instituciones que aprendan a escuchar cuando miles gritan.
Necesita instituciones capaces de escuchar cuando habla uno solo.
Porque detrás de cada manifestación existe una historia visible.
Pero detrás de cada oficina pública también puede haber cientos de historias que nunca llegarán a una manta, un puente, una marcha ni una portada.
Son ciudadanos que todavía esperan.
Otros ya se cansaron.
Y algunos simplemente dejaron de creer.
Esas son las voces que no se escuchan.
Y el día que una ciudad deja de escucharlas, el costo deja de ser solamente social o económico.
Se convierte en una deuda política.
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
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