Hay que comenzar reconociendo lo que sí se está haciendo bien. Omar García Harfuch ha demostrado al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una capacidad operativa, de inteligencia y coordinación que no vimos durante el sexenio anterior y que, francamente, tampoco fue una constante en otros gobiernos. Detenciones, decomisos, laboratorios desmantelados y operaciones contra estructuras criminales muestran un cambio importante en la estrategia. Eso debe reconocerse.
Pero precisamente porque existe una política de seguridad más activa, resulta indispensable que sus resultados sean evaluados con rigor y no solamente a partir de las cifras que resultan más favorables.
El Gobierno sostiene que el promedio diario de homicidios dolosos se ha reducido de manera extraordinaria. La Presidente ha hablado de una disminución cercana al 51 por ciento durante su administración. Sería una magnífica noticia si esa reducción representara, en la misma proporción, una disminución de la violencia que padecen los mexicanos.
No necesariamente es así.
En 2026 cambió la metodología para registrar y clasificar delitos y víctimas. Existen reclasificaciones, correcciones y defunciones que terminan incorporadas en categorías distintas al homicidio doloso. A eso hay que sumar las muertes cuya intención no está determinada y, sobre todo, el enorme universo de personas desaparecidas.
No estoy diciendo que toda persona desaparecida haya sido asesinada. Sería absurdo afirmarlo. Lo que digo es que no podemos medir la seguridad nacional únicamente con una columna estadística. Y cuando una reducción tan pronunciada de los homicidios coincide con cambios en la clasificación y metodología, por lo menos resulta indispensable analizar las cifras con mayor profundidad.
Aunque disminuya el homicidio, siguen existiendo extorsión, cobro de piso, desapariciones, asaltos en carreteras, control criminal de actividades productivas, territorios sometidos y autogobierno penitenciario. En otras palabras, puede bajar un delito sin que disminuya proporcionalmente la inseguridad que vive diariamente la población.
Existe además otro fenómeno preocupante: los grandes decomisos sin detenidos.
Con frecuencia escuchamos que fueron asegurados millones de litros de combustible, decenas de pipas, bodegas repletas de mercancía ilícita o instalaciones clandestinas. Muy bien. Pero el combustible no se roba solo. Las pipas no se conducen solas. Las bodegas no aparecen espontáneamente y el dinero no se lava por generación espontánea.
Detrás de cada operación de huachicol existen propietarios, transportistas, comercializadores, operadores financieros, posibles servidores públicos y beneficiarios. El decomiso no puede convertirse en el final de la historia. Tiene que ser el principio de la investigación.
Necesitamos saber quiénes son los responsables, quién financió la operación, quién permitió que funcionara y cuántos terminaron efectivamente frente a un juez.
Y existe otro asunto que México ya no puede seguir ignorando.
Estados Unidos ha retirado visas a distintos políticos y funcionarios mexicanos. Uno de los casos más recientes es el de Ana Patricia Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún. La cancelación de una visa no constituye una sentencia y, por supuesto, tampoco demuestra culpabilidad. Eso debe quedar absolutamente claro.
Pero tampoco puede tratarse como si nada hubiera ocurrido.
Cuando funcionarios o políticos mexicanos dejan de ser bienvenidos en Estados Unidos, y cuando se acumulan señalamientos o información alrededor de algunos de ellos, resulta legítimo preguntarse qué están haciendo las autoridades mexicanas. No se trata de aceptar sin cuestionamiento lo que otro gobierno determine. Se trata de que México tenga la capacidad y la voluntad de investigar por sí mismo.
¿Qué ocurre con un gobierno que, frente a señales de esta naturaleza, prefiere simplemente decir que desconoce las razones de Estados Unidos? ¿No deberían nuestras fiscalías, las áreas de inteligencia financiera y los órganos de control revisar si existe alguna conducta que amerite investigación?
La soberanía no consiste en cerrar los ojos ante las señales externas. Consiste precisamente en tener instituciones suficientemente fuertes para investigar, aclarar y, en su caso, sancionar por nosotros mismos.
Hay avances importantes en materia de seguridad y sería injusto no reconocerlos. Pero también existen demasiadas preguntas abiertas. No basta con decomisar combustible si no hay responsables. No basta con anunciar una disminución de homicidios si la inseguridad cotidiana continúa presente en amplias regiones del país. Y tampoco basta con ignorar lo que ocurre cuando funcionarios mexicanos empiezan a recibir señales preocupantes desde el exterior.
La verdadera medida de la seguridad no está únicamente en cuántos homicidios aparecen en una gráfica. Está en cuánto territorio controla realmente el Estado, cuántos delincuentes llegan ante un juez y cuántos mexicanos pueden transitar, trabajar, producir y vivir sin miedo.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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