Hay algo profundamente preocupante en la actitud de una parte de la oposición mexicana: su entusiasmo cada vez que el gobierno de Estados Unidos toma una medida contra un mexicano, especialmente cuando se trata de alguien relacionado con Morena o la Cuarta Transformación.
El retiro de visas se ha convertido para el PAN en una especie de sentencia judicial. No necesitan investigaciones, procesos ni pruebas. Basta con que Washington retire una visa para que inmediatamente dicten culpabilidad.
El ejemplo más reciente es revelador. Después de que Estados Unidos cancelara la visa de Andy López Beltrán, la senadora panista Lilly Téllez llevó el tema hasta la Comisión Permanente y retó a legisladores de Morena a romper sus visas. La gobernadora Maru Campos, fue todavía más lejos: afirmó que quienes “juegan con el crimen organizado juegan con fuego” y ahora deben asumir las consecuencias.
El problema es elemental: el retiro de una visa no constituye una sentencia penal ni acredita por sí mismo la comisión de un delito. Incluso la Embajada estadounidense ha señalado que una visa es un privilegio y puede ser cancelada cuando existan razones para ello. Convertir una decisión administrativa de otro país en certificado automático de culpabilidad significa renunciar a principios básicos del Estado de derecho.
Pero el asunto ya rebasa a políticos y funcionarios.
En nuestra frontera existe preocupación entre un gran número de familias mexicanas por las nuevas restricciones contra el llamado “turismo de nacimiento”. Se han documentado casos en Chihuahua de padres a quienes les retiraron sus visas por haber tenido hijos en Estados Unidos luego de ingresar a ese país con visa de turista. Muchos padres chihuahuenses están evitando cruzar a Estados Unidos y se ven obligados a enviar solos a sus hijos que cursan la escuela allá, con los riesgos que ello implica. Hay pánico y desesperación.
¿También celebran eso los panistas? Algunos, como la gobernadora Maru Campos, sí.
Una oposición responsable debería defender a los mexicanos frente a cualquier abuso, independientemente de su filiación política. En lugar de exigir pruebas cuando se acusa a un funcionario y garantías cuando una decisión afecta a una familia común, los panistas han venido celebrando estás acciones que perjudican cientos, quizás miles de mexicanos.
Desafortunadamente los panistas y Maru Campos parecen haber encontrado en Washington al aliado que no encuentran en las urnas.
Ese es el fondo del problema: su desesperación por regresar al poder está llegando al extremo de festejar decisiones de un gobierno extranjero sin importarles quienes y cuántos mexicanos y chihuahuenses pueden resultar perjudicados.
México necesita oposición, por supuesto. Pero no una que esté dispuesta a celebrar que desde el extranjero se castigue a mexicanos inocentes con tal de obtener una ventaja electoral.
La patria se defiende siempre, no solamente cuando conviene políticamente.
Pedro Torres
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