La gobernadora afirma que Washington decide quién ingresa a su territorio; una revocación consular no equivale por sí sola a una acusación penal.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos sostuvo que Estados Unidos tiene facultad para establecer las condiciones de ingreso a su territorio y llamó a respetar sus decisiones en materia de visas, en medio de la discusión política generada por recientes revocaciones a ciudadanos y figuras públicas mexicanas.
La postura de Campos parte de una premisa jurídicamente válida: la emisión, negativa o revocación de una visa estadounidense corresponde al Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, esa facultad consular no significa que el retiro del documento constituya por sí mismo una prueba de corrupción, narcotráfico o cualquier otro delito.
Durante una visita a Ciudad Juárez, la mandataria estatal evitó confrontar directamente a Washington y señaló que cada gobierno fija sus propios lineamientos de ingreso. La portada de El Diario de Chihuahua resumió su posición con la frase “Hay que respetar decisión de EU: Maru”.
La controversia surge cuando esas decisiones afectan a personas políticamente expuestas. Estados Unidos puede utilizar restricciones de visa como parte de sus políticas migratorias, de seguridad o de combate a redes criminales, pero la causa individual de una revocación no siempre es pública, por lo que no puede asumirse automáticamente que exista una investigación penal.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido también que corresponde a Estados Unidos decidir sobre sus visas, aunque ha cuestionado el uso político que puede darse a algunas cancelaciones cuando afectan a figuras mexicanas y no existen acusaciones públicas que expliquen la medida.
La diferencia entre ambas posturas, por tanto, no está en quién tiene la facultad legal para retirar una visa, sino en qué significado político debe atribuirse a determinadas revocaciones y si estas pueden convertirse en instrumentos de presión bilateral.
En paralelo, Washington ha utilizado restricciones migratorias contra familiares, asociados y personas relacionadas con organizaciones criminales, lo que demuestra que una revocación puede formar parte de estrategias de seguridad. Sin embargo, eso no permite concluir que toda persona que pierde una visa esté relacionada con narcotráfico o crimen organizado.
Una revocación consular tampoco equivale a una sentencia, una imputación o una orden de aprehensión. Para sostener penalmente una acusación se requieren procedimientos y elementos distintos a los utilizados en una decisión migratoria.
En el caso de figuras políticas mexicanas, la falta de información pública sobre las causas específicas abre un espacio para interpretaciones partidistas. La oposición puede presentar la revocación como señal de sospecha, mientras el oficialismo puede atribuirla a presiones políticas; ninguna de esas conclusiones puede darse por acreditada sin información adicional.
El debate adquiere una dimensión particular en Chihuahua y Ciudad Juárez, donde la movilidad transfronteriza forma parte de la vida cotidiana de miles de familias. Más allá de la confrontación política, la regla básica permanece: Estados Unidos puede retirar una visa, pero esa decisión por sí sola no demuestra la comisión de un delito.
Con información de El Diario de Chihuahua
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