Esta semana escuchamos nuevamente una cifra impresionante. El gobierno, a través de Omar García Harfuch, informó que desde el inicio de la actual administración han sido detenidas 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto. Es una cantidad enorme y representa, sin duda, un esfuerzo importante de las instituciones de seguridad. Pero la pregunta inevitable es: ¿qué pasó con ellos?
¿Cuántos fueron vinculados a proceso? ¿Cuántos permanecen en prisión preventiva? ¿Cuántos recibieron sentencia? ¿Cuántos fueron liberados? Porque detener no es lo mismo que impartir justicia. La detención es apenas el primer eslabón de una cadena que continúa con el Ministerio Público, la investigación, la judicialización, los tribunales y, eventualmente, el sistema penitenciario.
El verdadero tamaño del problema aparece cuando observamos otra cifra: durante 2024 se estima que en México ocurrieron 33.5 millones de delitos. Solamente se denunció el 9.6 por ciento y, considerando además aquellos casos denunciados en los que ni siquiera se abrió una carpeta de investigación, el 93.2 por ciento de los delitos quedó sin investigar.
Eso tiene un nombre: impunidad.
Pero hagamos un ejercicio hipotético para entender la dimensión del problema. ¿Qué ocurriría si mañana los mexicanos recuperaran la confianza en las instituciones y denunciaran los 33.5 millones de delitos?
Supongamos que un agente del Ministerio Público pudiera atender razonablemente 250 nuevas carpetas al año. Para recibir y procesar ese universo necesitaríamos aproximadamente 134 mil agentes del Ministerio Público. Hoy tenemos del orden de 16 mil. No necesitaríamos duplicar la capacidad actual: tendríamos que multiplicarla más de ocho veces.
Y un Ministerio Público no trabaja solo. Detrás de cada carpeta se requieren policías de investigación, peritos, médicos forenses, analistas, defensores públicos, instalaciones y personal administrativo.
Después vienen los jueces.
Imaginemos, también como ejercicio hipotético, que solamente el 10 por ciento de los 33.5 millones de delitos llegara a judicializarse.
Serían 3 millones 350 mil asuntos. Si cada juez pudiera resolver 300 casos anualmente, necesitaríamos más de 11 mil jueces penales.
Actualmente los poderes judiciales estatales cuentan apenas con alrededor de 1,700 juzgadores adscritos a materia penal.
Y todavía falta la cárcel.
No estoy diciendo, desde luego, que cada delito deba terminar con una persona encarcelada. Sería absurdo. Un delincuente puede cometer numerosos delitos y muchas conductas pueden y deben sancionarse mediante mecanismos distintos a la prisión. Pero continuemos con el ejercicio: si solamente uno de cada cien delitos terminara con una persona adicional en prisión, estaríamos hablando de 335 mil internos.
México cuenta actualmente con aproximadamente 275 centros penitenciarios para adultos y el sistema ya enfrenta problemas de sobrepoblación. Para albergar esos 335 mil internos adicionales necesitaríamos, utilizando como referencia el tamaño promedio de nuestros centros actuales, alrededor de 400 reclusorios nuevos.
Y si la proporción fuera de cinco de cada cien delitos, la cifra sería sencillamente imposible: un millón 675 mil internos adicionales y alrededor de dos mil nuevos centros penitenciarios.
Entonces aparece la verdadera pregunta: ¿podemos combatir la impunidad construyendo ministerios públicos, juzgados y cárceles hasta el infinito?
Evidentemente no.
México necesita replantear completamente su modelo de justicia penal y penitenciario. Necesitamos mejores ministerios públicos, mucho mejor capacitados, supervisados y menos vulnerables a la corrupción; policías de investigación profesionales; sistemas de inteligencia que permitan concentrar recursos en quienes verdaderamente generan violencia; y mecanismos alternativos de solución para aquellos delitos que no requieren necesariamente una pena de prisión.
También necesitamos otro modelo carcelario. No podemos continuar mezclando al primo delincuente con integrantes de organizaciones criminales. Al joven que cometió un delito menor con secuestradores, homicidas o extorsionadores. Una cárcel mal diseñada no reinserta: muchas veces se convierte en una universidad del crimen.
México requiere centros de máxima seguridad para delincuencia organizada y personas de alta peligrosidad; establecimientos distintos para primos delincuentes; separación efectiva entre procesados y sentenciados; trabajo obligatorio y remunerado, educación, tratamiento de adicciones y verdaderos programas de reinserción. Y para determinados delitos no violentos debemos considerar penas alternativas a la prisión.
También tenemos que revisar la prisión preventiva. Tener personas durante años encerradas esperando una sentencia no es justicia. Es incapacidad institucional convertida en política criminal.
La seguridad pública no puede medirse solamente en detenciones, decomisos y operativos. Debe medirse en investigaciones concluidas, procesos sólidos, sentencias, reparación del daño, disminución de la impunidad y reinserción social.
Porque quizá la gran paradoja mexicana sea ésta: si mañana lográramos que todos los ciudadanos denunciaran los delitos que padecen, nuestro sistema de procuración e impartición de justicia probablemente colapsaría.
No necesitamos solamente detener más delincuentes. Necesitamos construir un Estado capaz de investigarlos, juzgarlos, sancionarlos y, cuando corresponda, reinsertarlos.
Mientras eso no ocurra, podremos seguir contando detenidos. Pero seguiremos sin contar justicia.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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