El decreto obliga a publicar contratos, estados financieros, auditorías e informes de filiales de Pemex y CFE.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para ampliar las obligaciones de transparencia del Gobierno de México, con énfasis en contrataciones públicas, auditorías y filiales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
La medida busca fortalecer el principio de máxima publicidad establecido en el artículo sexto constitucional y garantizar mayor acceso ciudadano a información relacionada con el uso de recursos públicos.
“Es un decreto que vamos a firmar el día de hoy para garantizar la transparencia del Gobierno de todas las entidades del Gobierno de México”.
De acuerdo con el planteamiento presentado por el Gobierno federal, el decreto contempla cuatro ejes principales: contrataciones públicas, filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, además de una invitación a otros poderes y órdenes de gobierno para adoptar el mismo esquema de apertura.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que los contratos del Gobierno federal dejarán de publicarse cada tres meses y pasarán a difundirse de manera mensual, con el objetivo de mantener actualizada la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En el caso de Pemex y CFE, el decreto ordena hacer públicos estados financieros, informes presentados ante agencias extranjeras, información de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos de sus empresas filiales.
En materia de fiscalización, la Secretaría Anticorrupción publicará el programa anual de auditorías, estadísticas, avances en el seguimiento de observaciones y el padrón de despachos externos encargados de revisar entidades públicas.
Buenrostro adelantó que, además del decreto, el Gobierno federal promoverá reformas a la Ley General de Transparencia para incorporar estas disposiciones de manera permanente en el marco legal.
El decreto también prevé revisar los criterios de reserva de información para limitarlos a casos de interés público, seguridad nacional o procedimientos administrativos y judiciales, privilegiando la publicación de versiones públicas cuando sea posible.

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