La FGR acusa al exgobernador de Baja California y a otras siete personas de integrar una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Ciudad de México (ADN/Staff) – Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
La resolución fue emitida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, al considerar que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para iniciar un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La audiencia se prolongó por más de 36 horas y concluyó con la ratificación de diversas medidas cautelares para los imputados. Ernesto Ruffo permanecerá en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, ubicado en el Estado de México.
De acuerdo con la investigación de la FGR, los acusados habrían utilizado una red de empresas para simular operaciones comerciales e introducir de manera irregular combustible procedente de Estados Unidos, con el propósito de evadir el pago de impuestos y contribuciones.
Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, reconoció previamente ser accionista de una de las empresas bajo investigación, aunque negó haber tenido conocimiento de actividades ilícitas relacionadas con sus operaciones.
Además del exmandatario, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, José Merino Valdés Cuervo y Luis Antonio Barrientos Juárez permanecerán en prisión preventiva en el penal del Altiplano. En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén continuará en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino el inicio formal del juicio penal. Durante la investigación complementaria, la Fiscalía deberá fortalecer los elementos de prueba, mientras que las defensas podrán presentar evidencias para controvertir las imputaciones.
Con información de agencias
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