La presidenta afirmó que la investigación de la FGR se sustentó en pruebas reunidas durante un año y negó que existan motivaciones políticas.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a criterios de justicia selectiva y aseguró que el proceso deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red de contrabando de combustible desarrollada durante un año.
Durante su conferencia matutina realizada en Tulum, Quintana Roo, la mandataria sostuvo que la carpeta de investigación cuenta con pruebas suficientes y descartó que las acciones judiciales tengan un trasfondo político.
“Es falso que haya un asunto político aquí”.
Sheinbaum señaló que los operativos contra el contrabando y robo de hidrocarburos han permitido reducir este tipo de delitos, al destacar que la estrategia federal ha fortalecido el combate a las redes dedicadas al denominado huachicol fiscal.
La presidenta también afirmó que las investigaciones de la FGR no distinguen filiaciones partidistas y recordó que en distintos procesos judiciales han sido detenidos servidores públicos emanados de Morena, PAN, PRI, Partido Verde y Movimiento Ciudadano por presuntos vínculos con actividades delictivas o actos de corrupción.
“Son más de 25 casos. Y ahí hay detenidos presidentes municipales que llegaron por Morena, que llegaron por el Partido Verde, que llegaron por el PAN, que llegaron por el PRI o que llegaron por Movimiento Ciudadano”.
El caso está relacionado con una investigación iniciada tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025, hecho que derivó en una indagatoria sobre una presunta red dedicada al contrabando de combustible mediante empresas privadas y operaciones de importación irregulares. La FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión contra empresarios, agentes aduanales y exfuncionarios presuntamente involucrados.
Finalmente, Sheinbaum expresó su confianza en que el Poder Judicial resolverá el caso con imparcialidad y sostuvo que corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad del exmandatario estatal con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía.
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