La senadora con licencia acusó a la gobernadora de fabricar señalamientos para frenar su crecimiento político y defendió sus recorridos por la región serrana.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La senadora con licencia Andrea Chávez respondió a las recientes declaraciones de la gobernadora Maru Campos, quien dio a conocer nuevas denuncias en su contra por la presunta comercialización de terrenos en una zona de reserva ecológica de la Sierra Tarahumara, y aseguró que se trata de una estrategia para desacreditarla políticamente.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la morenista afirmó que la mandataria estatal busca frenar su crecimiento rumbo al proceso electoral de 2027 y atribuyó los señalamientos a la preocupación que, dijo, existe por los resultados de diversas encuestas.
“Tras casi una semana sin actividad de ningún tipo, la gobernadora panista de Chihuahua vuelve a interrumpir sus constantes vacaciones para inventarme un nuevo delito.”
Chávez recordó que semanas atrás la gobernadora realizó declaraciones relacionadas con investigaciones en su contra y ahora, dijo, se le pretende vincular con la presunta venta de terrenos en la Sierra Tarahumara, acusación que rechazó.
La legisladora explicó que sus constantes visitas a la región obedecen al trabajo territorial que realiza en comunidades serranas y no a actividades relacionadas con la comercialización de predios.
“Adelante, deténgame si quiere, pero no detendrá la primavera chihuahuense.”
En su posicionamiento, Andrea Chávez también lanzó críticas contra las administraciones panistas, a las que acusó de favorecer intereses inmobiliarios y de mantener abandonadas a las comunidades de la Sierra Tarahumara, las cuales, afirmó, reciben apoyo principalmente del Gobierno Federal.
Las declaraciones de la senadora se producen luego de que Maru Campos informara sobre la existencia de nuevas denuncias en su contra y contra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, por la presunta comercialización ilegal de terrenos en una zona de reserva ecológica, asunto que, de acuerdo con la gobernadora, deberá ser revisado por las autoridades competentes.
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