El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha informado que durante la presente administración se han detenido más de 52 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto. La cifra es impresionante y, de ser correcta, representa un esfuerzo operativo considerable de las corporaciones encargadas de la seguridad pública.
Sin embargo, toda cifra genera una pregunta inevitable.
¿Dónde están esos detenidos?
La interrogante no busca minimizar el trabajo de policías, militares o marinos. Al contrario. Su labor implica riesgos enormes y merece reconocimiento cuando produce resultados. Pero precisamente porque se trata de resultados relevantes, la sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió después de la detención.
¿Cuántos fueron vinculados a proceso?
¿Cuántos permanecen en prisión preventiva?
¿Cuántos obtuvieron su libertad por falta de pruebas?
¿Cuántos fueron sentenciados?
¿Cuántos continúan sujetos a proceso?
Y, sobre todo, ¿cuántos representan hoy una amenaza real para la sociedad?
Las detenciones son apenas el primer eslabón de una cadena mucho más compleja. Un delincuente puede ser detenido por una policía eficiente y quedar libre pocas horas después debido a errores procesales, expedientes mal integrados, corrupción o simplemente por la incapacidad institucional para sostener una acusación.
Por eso la seguridad pública no puede medirse exclusivamente por el número de capturas.
México ha cometido durante décadas el error de pensar que la seguridad depende únicamente de policías, patrullas, retenes, cámaras y operativos. La realidad es distinta. La seguridad es una cadena integrada por policías, ministerios públicos, peritos, jueces, defensores públicos y sistemas penitenciarios. Cuando uno de esos eslabones falla, todo el sistema se debilita.
Y hoy varios de ellos presentan problemas graves.
Durante años he sostenido que México tiene un déficit preocupante de jueces. Mientras otros países fortalecen sus sistemas judiciales para enfrentar fenómenos criminales cada vez más complejos, nosotros seguimos arrastrando rezagos gigantescos. Los expedientes se acumulan, las audiencias se posponen y las resoluciones tardan meses o incluso años.
A ese problema histórico se suma ahora una preocupación adicional. El reciente proceso de elección judicial ha dejado dudas legítimas sobre la preparación, experiencia e independencia de numerosos perfiles que llegarán a impartir justicia. Las denuncias sobre la utilización de “acordeones”, la escasa información disponible para evaluar a los candidatos y la ausencia de mecanismos rigurosos de selección técnica han provocado que muchos ciudadanos se pregunten si los nuevos juzgadores poseen la capacidad necesaria para enfrentar asuntos cada vez más complejos.
La justicia no se fortalece únicamente aumentando el número de jueces. También requiere jueces preparados, independientes, con experiencia acreditada y capaces de resistir presiones políticas, económicas o criminales. De poco sirve ampliar la estructura judicial si la calidad de quienes la integran no está a la altura de los desafíos que enfrenta el país.
México no sólo necesita más jueces; necesita mejores jueces. Porque una sentencia equivocada puede destruir la vida de un inocente, dejar libre a un criminal peligroso o minar la confianza de toda una sociedad en el Estado de Derecho. Y cuando los ciudadanos dejan de confiar en la justicia, terminan buscando justicia por su propia mano. Ese es el camino más corto hacia la ingobernabilidad.
Pero el problema no termina ahí.
Existe además una realidad incómoda que pocas veces se discute abiertamente: la enorme concentración de poder en los ministerios públicos y los elevados niveles de corrupción que históricamente han afectado a numerosas fiscalías del país.
Un mal ministerio público puede destruir una investigación sólida o fabricar una deficiente. Puede dejar libre a un delincuente peligroso o arruinar la vida de un inocente. Durante décadas, miles de ciudadanos han conocido de primera mano extorsiones, discrecionalidad, negligencia y abusos cometidos por funcionarios que operan con escasa supervisión y limitada rendición de cuentas.
Mientras tanto, las cárceles continúan saturándose.
La población penitenciaria nacional supera ampliamente la capacidad instalada. Más de la mitad de los centros penitenciarios presentan problemas de sobrepoblación. Sin embargo, la solución no consiste únicamente en construir más prisiones.
Las cárceles mexicanas albergan personas altamente peligrosas, pero también individuos que permanecen años sin sentencia definitiva o procesados por delitos menores. Casos absurdos que cualquier abogado litigante conoce. Personas que han esperado más tiempo una resolución judicial que la pena que eventualmente habrían recibido. Individuos que entraron por delitos patrimoniales menores y terminaron conviviendo durante años con integrantes de organizaciones criminales.
La cárcel deja entonces de ser un mecanismo de readaptación social para convertirse en una escuela de criminalidad.
Y aquí aparece una preocupación todavía mayor.
México enfrenta finanzas públicas sometidas a presión creciente, una deuda pública cada vez más elevada, una expansión constante de la economía informal y una epidemia de extorsión que afecta a miles de pequeños negocios en todo el país.
Muchos comerciantes pagan hoy un doble impuesto. Uno al gobierno y otro a los delincuentes. En algunas regiones, incluso quienes operan en la informalidad terminan financiando mediante el derecho de piso tanto a organizaciones criminales como a redes de corrupción local.
Las consecuencias son previsibles: menor inversión, menos empleo, menor crecimiento económico y mayores incentivos para que sectores vulnerables sean captados por economías ilícitas.
Por eso la pregunta sobre los más de 52 mil detenidos es mucho más importante de lo que parece.
No se trata solamente de saber dónde están. Se trata de entender si el Estado mexicano conserva la capacidad institucional para transformar una detención en justicia, una sentencia en reinserción y una política de seguridad en tranquilidad para los ciudadanos.
Un Estado fuerte no es el que presume cuántos delincuentes captura en una conferencia de prensa.
Es el que puede demostrar qué ocurrió después. Es el que logra que las calles sean más seguras. Es el que castiga a los culpables, protege a los inocentes y evita que las cárceles se conviertan en fábricas de futuros delincuentes.
Esa es la diferencia entre una estadística y un resultado.
Y hoy México necesita resultados mucho más que estadísticas.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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