La Casa Blanca ha publicado la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, su contenido refiere de forma directa a México y de manera explícita advierte sobre el uso de todas las herramientas del gobierno estadounidense para acabar con las organizaciones del narcotráfico y para forzar a los Estados involucrados a actuar en este tenor. El gobierno mexicano deberá limpiar la casa.
El documento de casi 200 páginas de la administración Trump resalta el papel de México prácticamente como epicentro del narcotráfico internacional, habla entre otras cosas de cooperación, combate al abastecimiento de armas de los cárteles; pero también de un abanico de sanciones para nuestro país de no actuar contra las organizaciones terroristas que, entre otros menesteres, trafican drogas a los Estados Unidos.
El estatus de organizaciones terroristas para varios cárteles de la droga mexicanos permite al gobierno estadounidense considerar y ejecutar acciones militares unilaterales en territorio nacional.
El nuevo enfoque de Seguridad Nacional para control de drogas en Estados Unidos implica el particular involucramiento del Comando Norte del Departamento de Guerra. Asistimos a un cambio de paradigma en el combate estadounidense al narcotráfico internacional.
Palabras más, palabras menos; se usará toda la capacidad del gobierno estadounidense para nulificar a las organizaciones terroristas del narcotráfico y se espera lo mismo del gobierno de México so pena de sufrir sanciones comerciales, financieras, políticas, penales y/o militares.
La Casa Blanca ya había difundido una presunta alianza del gobierno mexicano con el crimen organizado cuando se catalogaron a varias agrupaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas.
Para nadie es novedoso el control territorial que el crimen ejerce en muchos estados de la República mexicana y de la intromisión directa que hacen en las esferas de poder político, económico y financiero.
Paso a paso, en el tema Seguridad y narcotráfico, la administración federal norteamericana ha encerrado a la administración federal mexicana en un laberinto construido por la simbiosis del poder y el crimen.
En la cronología de acciones estadounidenses, ya se han activado instrumentos jurídicos e instancias judiciales del país del norte para llevar a prisión a algunas altas figuras del oficialismo del estado de Sinaloa, incluido el gobernador en funciones; algo que el gobierno de México no ha podido procesar adecuadamente y que solo ha atinado a resolver el cese temporal del acusado mandatario sinaloense luego de una visita de la presidenta de la República al municipio donde reside su antecesor en el puesto: Palenque.
A la endeble negativa por detener provisionalmente y con fines de extradición a 10 funcionarios y figuras políticas de Sinaloa; la presidenta mexicana agrega una desafortunada narrativa “soberanista”, de “no injerencia” pero excesivamente ideologizada y anticuada para la seriedad del caso.
El país de las barras y las estrellas ya presiona en puntos que causan dolor en el alto oficialismo mexicano en vísperas de la renegociación del T-MEC y de las elecciones intermedias del periodo trumpista.
A la titular del Ejecutivo federal se le eligió para gobernar a todos los mexicanos, no para cogobernar con su antecesor ni con su herencia; para cumplir y hacer cumplir la Ley séase del partido que sea, para defender al país de amenazas externas e internas, para proteger al pueblo del crimen. Debiendo usar todos los instrumentos a su alcance.
La estrategia de los gringos está cantada; México debe desactivar los nodos de complicidad política con los delincuentes, no solaparlos, ni formular discursos improductivos.
Hay que aplicar menos ideología y más pragmatismo. ¿Para qué darles la razón a los halcones de Washington?.
“No juzguéis según las apariencias; juzgad según justicia.”
(Juan 7:24)

Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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