Fiscalía de Nueva York señala presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y solicita acciones judiciales
Ciudad de México (ADN/Staff) – Autoridades de Estados Unidos acusaron formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por delitos de narcotráfico y posesión de armas, en una investigación encabezada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo con la acusación, los señalados habrían participado en una red de colaboración con el Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y apoyo político.
“El cártel no podría operar con tal libertad sin funcionarios corruptos en su nómina”, señaló la fiscalía estadounidense.
Entre los imputados se encuentran mandos policiales, exfuncionarios estatales y autoridades municipales, a quienes se les atribuye haber protegido operaciones del grupo criminal, filtrado información sensible y permitido el traslado de drogas sin intervención de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados habrían tenido un papel activo en la protección de las actividades delictivas, incluyendo la coordinación con células del cártel, encubrimiento de operaciones y participación en actos de violencia.
“Nadie está por encima de la ley”, afirmaron autoridades de la DEA al referirse al caso.
El documento judicial también señala que algunos de los implicados habrían recibido pagos periódicos provenientes del narcotráfico, además de colaborar directamente en acciones para mantener el control territorial del cártel en distintas zonas de Sinaloa.
Las acusaciones incluyen conspiración para importar drogas, posesión de armas de alto poder y, en algunos casos, delitos adicionales como secuestro, lo que podría derivar en penas que van desde décadas de prisión hasta cadena perpetua en caso de ser encontrados culpables.
Las autoridades estadounidenses indicaron que todos los acusados se encuentran presuntamente en México, por lo que el proceso dependerá de los mecanismos de cooperación bilateral y solicitudes formales de extradición.
El caso representa uno de los señalamientos más relevantes en los últimos años contra funcionarios en activo, y ha generado una reacción inmediata del gobierno mexicano, que ha reiterado que cualquier proceso deberá sustentarse en pruebas y respetar la soberanía nacional.
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