Gobierno federal analiza sumar acusación contra dos vendedores en Arizona vinculados al CJNG y Sinaloa.
Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México analiza incorporar el caso de dos ciudadanos estadounidenses acusados de vender armas a cárteles a la demanda que mantiene contra fabricantes y distribuidores de armamento en Estados Unidos, como parte de su estrategia para frenar el tráfico ilegal hacia territorio nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración evalúa cómo integrar este proceso judicial —iniciado en Arizona— a las acciones legales que México ha impulsado contra la industria armamentista en ese país.
“Seguimos trabajando para evitar que entre la droga por un lado y también insistiendo al Gobierno de EE.UU. que debe seguir avanzando para evitar el tránsito de armas a nuestro país”.
El caso se refiere a dos residentes de Arizona acusados por autoridades estadounidenses de vender armas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa, incluyendo pistolas, rifles semiautomáticos y armamento de alto calibre, lo que marca un precedente en la persecución de este tipo de delitos.
La administración federal considera este proceso como un elemento clave para fortalecer su argumento legal, en el que sostiene que una parte significativa del armamento utilizado por el crimen organizado en México proviene del mercado estadounidense.
Desde 2021, México ha emprendido acciones legales contra fabricantes de armas en Estados Unidos, a las que posteriormente se sumaron demandas contra distribuidores en Arizona, en un intento por responsabilizar a la industria por su papel en el flujo de armamento hacia grupos criminales.
Sin embargo, el litigio ha enfrentado obstáculos, luego de que en 2025 la Suprema Corte estadounidense determinara que los fabricantes están protegidos por la legislación vigente, lo que limita su responsabilidad en casos relacionados con el uso ilícito de sus productos.
Pese a ello, el Gobierno mexicano ha insistido en mantener su estrategia jurídica y diplomática, apoyándose en nuevos antecedentes legales y en la cooperación bilateral para frenar tanto el tráfico de drogas como el de armas en la región.
El planteamiento de incorporar este caso se da en un contexto de presión creciente sobre Washington para reforzar los controles en la venta y distribución de armas, ante su impacto en la violencia vinculada al crimen organizado en México.
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