La SCJN validó por unanimidad reformas a la Ley Minera que reservan al Estado la explotación del mineral estratégico.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de la reforma a la Ley Minera que establece que el litio es patrimonio de la nación y que su exploración y explotación corresponden exclusivamente al Estado mexicano.
Por unanimidad, el Pleno del máximo tribunal validó los artículos 1, 5 Bis y 10 de la legislación, impulsada en 2022, al concluir que el marco legal es compatible con la Constitución tras la reforma de 2024 que elevó al litio como área estratégica.
“La reforma constitucional del 31 de octubre de 2024 incorporó expresamente al litio como área estratégica, prohibiendo el otorgamiento de concesiones”, señaló la ministra ponente Sara Irene Herrerías Guerra.
La resolución se dio en el contexto de una acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de oposición, quienes argumentaban que declarar al litio como área estratégica requería una modificación constitucional previa. Sin embargo, el Pleno determinó que dicho cambio ya ocurrió en 2024, lo que valida plenamente el régimen legal vigente.
Durante la discusión, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, planteó inicialmente desechar el recurso al considerar que había quedado sin materia debido a la reforma constitucional posterior. No obstante, la mayoría de ministros optó por analizar el fondo del asunto y resolverlo.
Como resultado, incluso quienes habían propuesto sobreseer el caso se sumaron a la votación final, consolidando una decisión unánime que ratifica el control estatal sobre un recurso considerado clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico.
La reforma establece que el litio es de utilidad pública, por lo que no podrán otorgarse concesiones, licencias o contratos a particulares, además de definir como zonas de reserva minera aquellas con yacimientos del mineral.
“Las disposiciones legales no exceden la Constitución, sino que la desarrollan”, sostuvo la ministra Herrerías al defender la validez del marco normativo.
Asimismo, se establece que el Estado, a través de organismos públicos y con apoyo del Servicio Geológico Mexicano, será responsable de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, bajo criterios que incluyan la protección ambiental y el respeto a comunidades indígenas y afromexicanas.
La decisión de la Corte consolida el modelo energético impulsado en la pasada administración federal, en el que los recursos estratégicos quedan bajo control directo del Estado, en un contexto global donde el litio se ha convertido en un insumo clave para industrias como la de baterías y vehículos eléctricos.
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