Llegamos a un nuevo 8 de marzo, un día que tiñe las calles de exigencias legítimas y obliga a mirarnos como país. En el papel, la Constitución mexicana consagra la igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero al contrastar esa promesa con la realidad de 2026, el resultado se parece más a un espejismo que a una garantía. Reconocer avances es necesario; ignorar las cifras sería irresponsable.
Desde una perspectiva humanista, la autonomía económica es el cimiento de la libertad. Sin ella, la dignidad personal queda atrapada en la dependencia.
Los datos del IMCO son claros: ninguna entidad del país ofrece condiciones laborales plenamente favorables para las mujeres. Más de la mitad trabaja en la informalidad y, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe alrededor de 86. La brecha comienza temprano. A los niños se les educa para “proveer” y a las niñas para “administrar”, y esa expectativa termina reflejándose en la educación superior. En Chihuahua, por ejemplo, apenas hay 3.5 estudiantes mujeres por cada 10 hombres en carreras STEM. Pretender igualdad laboral sin corregir estas brechas es como pedirle a alguien ganar una carrera empezando metros atrás.
El bienestar social también exige corresponsabilidad. El trabajo de cuidados —limpieza, alimentación o atención de menores y adultos mayores— sigue siendo el pilar invisible de la economía. Como he señalado en otras columnas, es una situación triste y paradójica porque los cuidados es un deecho que tenemos y es deber, sino es que un honor, proporcionarlos. El amor que sostiene al mundo, pero que no es valorado, es como una obligación que parecieramos tener las mujeres por serlo.
Hoy, cerca del 73% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado recae en mujeres. Según el INEGI, su valor equivale a casi una cuarta parte del PIB nacional. Más que muchas actividades económicas. Es una riqueza que sostiene al país, pero nunca llega al bolsillo de quienes la generan. ¿Puede considerarse justa una sociedad que subsidia su desarrollo con el trabajo gratuito de millones de mujeres? Un verdadero Sistema Nacional de Cuidados ya no es una consigna política: es una necesidad económica y social.
Finalmente, el Estado existe para garantizar la integridad de las personas. Cuando falla en esa tarea, el pacto constitucional se resquebraja.
En México, siete de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia y, en promedio, diez son asesinadas cada día. Miles de homicidios de mujeres se registran cada año, pero solo una parte se investiga como feminicidio. Esto no niega la violencia contra los hombres; subraya que la violencia contra las mujeres tiene patrones específicos que el Estado aún no enfrenta con eficacia.
Como advirtió Hannah Arendt: “La igualdad ante la ley no es un hecho, es una exigencia política”. El 8M debería recordarnos la distancia entre lo que promete la Constitución y lo que viven millones de mexicanas cada día.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
