Hay proyectos de gobierno que nacen para administrar un país y hay proyectos de poder que nacen para someterlo. La llamada CURP biométrica y la obligación de vincular todas las líneas celulares con los datos personales de los ciudadanos no son simples reformas administrativas: son la pieza central de un sistema de control que el régimen centralista pretende imponer sobre los mexicanos.
Bajo el pretexto de la modernización administrativa y la seguridad pública, el régimen centralista pretende imponer un sistema de control sin precedentes: la CURP biométrica obligatoria y la vinculación de todas las líneas celulares con datos personales y biométricos de los ciudadanos.
No se trata de un trámite más, no se trata de una simple actualización de registros, se trata de la arquitectura de una tecnodictadura.
Un sistema en el que el gobierno pretende concentrar en una sola base de datos los rasgos biométricos de millones de mexicanos —huellas, rostro, iris— vinculados además a nuestros teléfonos, nuestras comunicaciones y nuestra vida cotidiana. Un sistema que permitiría al poder saber quién eres, dónde estás, con quién hablas y cómo te comunicas..
Pero lo más indignante es el mecanismo de chantaje con el que pretenden imponer este sistema.
Hoy vemos señales alarmantes de presión institucional: pensionados a quienes se les insinúa que su pensión podría condicionarse al registro biométrico; derechohabientes del sistema de salud que reciben advertencias burocráticas sobre la entrega de datos; y padres de familia que comienzan a escuchar que no podrán inscribir a sus hijos en el siguiente ciclo escolar si no entregan sus datos biométricos.
Es decir: el régimen pretende convertir los derechos sociales en instrumentos de coerción. La pensión que un trabajador ganó con décadas de esfuerzo, la atención médica que es un derecho humano, la educación de nuestros hijos.
Frente a este intento de sometimiento digital, la respuesta de los ciudadanos ha sido valiente. Miles de mexicanos ya han decidido no quedarse callados. De la mano de esta resistencia cívica hemos emprendido una batalla jurídica nacional, mediante recursos legales, escritos de no consentimiento y denuncias ante organismos de derechos humanos para blindar a los ciudadanos frente a este intento de vigilancia masiva.
Desde Chihuahua, tierra históricamente rebelde frente al centralismo, estamos dando también la batalla legislativa. Presentaré desde el Congreso del Estado una reforma para proscribir en nuestro estado las disposiciones de la Ley General de Población que obligan a los ciudadanos a entregar sus datos biométricos, estableciendo mecanismos de defensa institucional frente a esta intrusión del poder federal.
El norte de México ha sido siempre frontera de libertad. Aquí comenzaron revoluciones, aquí se levantaron los primeros movimientos contra los abusos del poder central y aquí volveremos a levantar la voz si pretenden convertir a México en una sociedad vigilada.
Porque ningún gobierno tiene derecho a convertir la identidad de los ciudadanos en un instrumento de control.
Y porque si el régimen insiste en imponer su ley espía desde el centro, desde el norte vamos a proscribirla, con la fuerza de la ley, con valiente de los herederos de la División del Norte.
Francisco Sánchez Villegas
Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo.
Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad.
Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil.
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