Iniciativa busca asegurar condiciones dignas en el transporte público para personas con discapacidad y estudiantes.
Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad de las y los diputados presentes una reforma constitucional para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad, con especial atención a personas con discapacidad, grupos en situación de vulnerabilidad y estudiantes de zonas urbanas y rurales.
El dictamen fue presentado ante el Pleno por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, integrante de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana, quien explicó que la reforma establece obligaciones para que las autoridades aseguren condiciones adecuadas en el transporte público.
Entre las disposiciones aprobadas se establece que las unidades del transporte público deberán mantenerse en buen estado y ofrecer espacios apropiados y confortables para los usuarios, además de cumplir con condiciones óptimas de higiene, seguridad, funcionamiento mecánico y control de emisiones contaminantes.
Asimismo, se plantea que las unidades deberán recibir mantenimiento periódico y dejar de circular cuando no cumplan con los estándares establecidos, con el objetivo de garantizar un servicio seguro y accesible para la población.
El Congreso informó que, conforme al artículo 202 de la Constitución del Estado de Chihuahua, la reforma deberá enviarse a los 67 ayuntamientos de la entidad junto con la iniciativa, el dictamen y el Diario de los Debates, para el cómputo de los votos que permitan declarar su aprobación constitucional.
Durante la misma sesión, el Pleno aprobó por mayoría de votos la modificación al decreto 56/2010 I P.O., con el propósito de corregir el nombre de la organización beneficiaria en la enajenación de un predio de 30 mil metros cuadrados, sustituyendo “Sindicato de Salud” por “Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud”.
El dictamen fue presentado por el diputado Ismael Pérez Pavía, también integrante de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana, quien explicó que se trata de una corrección administrativa y técnica necesaria para dar certeza jurídica al proceso de enajenación del inmueble.
El predio será destinado a la construcción de un centro deportivo y recreativo para el sindicato, con el objetivo de promover actividades de recreación, salud física y convivencia entre los trabajadores del sector salud.
El decreto establece que la obra deberá concluirse en un plazo máximo de dos años a partir de su entrada en vigor, de lo contrario el inmueble se revertirá al patrimonio del Estado.
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