Durante décadas México vivió bajo un modelo donde el servicio público dejó de ser vocación para convertirse en una canonjía, y mientras millones de trabajadores se retiraban con pensiones limitadas, algunos altos funcionarios lograron construir esquemas que les permitieron jubilarse con ingresos de cientos de miles de pesos e incluso montos cercanos al millón de pesos mensual.
Esa realidad no sólo resulta ofensiva para el ciudadano común; representa también un contraste con los principios de justicia social que promueve este gobierno.
Por eso la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner un límite a las pensiones excesivas en organismos como Pemex, la CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro marca un momento importante en la consolidación del segundo piso de la 4T.
La propuesta es clara y sencilla: nadie puede recibir una pensión por encima del límite establecido para el propio titular del Ejecutivo federal. Es un principio de congruencia republicana. Si el gobierno exige austeridad y responsabilidad en el manejo de los recursos, esa regla debe aplicar primero para quienes ocuparon los cargos más altos.
Esta reforma no afecta a los trabajadores ni a quienes construyeron su jubilación bajo contratos legítimos. Está dirigida a corregir los abusos que se fueron acumulando durante décadas y que terminaron convirtiéndose en una carga injusta para las finanzas públicas.
Porque mientras unos cuantos recibían pensiones millonarias, millones de mexicanos seguían esperando mejores condiciones de bienestar. Esa brecha es precisamente la que la transformación busca cerrar.
Desde el inicio de este proyecto nacional se planteó una idea sencilla: el dinero público debe regresar al pueblo. Hoy vemos cómo ese principio continúa vigente y se fortalece. Los recursos que antes se iban en excesos ahora pueden destinarse a programas sociales, infraestructura y oportunidades para quienes más lo necesitan.
Habrá quienes intenten presentar esta medida como un ataque a derechos adquiridos. Nada más lejos de la realidad. Lo que se está haciendo es poner orden donde antes reinaba la discrecionalidad, ajustar lo que durante años se normalizó aunque fuera injusto.
La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene con ello y una serie de medidas una visión de gobierno austera, responsable y plenamente consciente de la realidad de nuestro país.
México vive un momento en el que las decisiones públicas ya no están orientadas a proteger a unos cuantos, sino a construir bienestar para la mayoría. Y en ese camino, poner fin a los excesos del pasado no es sólo una medida administrativa; es una definición ética sobre el tipo de nación que queremos dejar a las siguientes generaciones.
Cruz Pérez Cuéllar
Abogado y político mexicano de larga trayectoria, quien actualmente se desempeña como Presidente Municipal de Ciudad Juárez.
