El inicio de 2026 encuentra a México en un momento clave. Tras meses de señales mixtas en el entorno internacional —marcado por tensiones geopolíticas, desaceleración económica en algunas regiones y reconfiguración de las cadenas globales de valor—, el país presenta un elemento que hoy resulta escaso y valioso: un plan económico claro, articulado y viable.
Desde el arranque de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el crecimiento económico no puede depender de la improvisación ni de inercias heredadas, sino de una estrategia de largo plazo, con reglas claras y coordinación efectiva entre el Estado y el sector privado. Los anuncios recientes en materia de economía e inversión confirman que esa visión comienza a materializarse.
Uno de los pilares de esta estrategia es el Plan Nacional de Inversión Pública y Mixta 2026–2030, que plantea proyectos estratégicos en infraestructura, energía, transporte, agua, salud y educación. No se trata únicamente de grandes cifras, sino de un enfoque que prioriza proyectos con impacto regional, capacidad de arrastre económico y generación sostenida de empleo. La combinación de inversión pública con capital privado envía un mensaje contundente: el Estado asume su responsabilidad como promotor del desarrollo, sin desplazar ni inhibir la participación empresarial.
A ello se suma la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, donde el gobierno federal presentó un amplio portafolio de proyectos distribuidos en las 32 entidades del país. Este ejercicio marcó un cambio relevante en la relación con el sector productivo: diálogo directo, metas compartidas y una narrativa basada en certidumbre. La meta de elevar la inversión total hasta representar una cuarta parte del PIB no es menor; implica confianza en la estabilidad macroeconómica y en la capacidad institucional del país.
En ese mismo sentido, la creación del Consejo de Promoción de Inversiones refuerza la idea de que el crecimiento no será resultado de esfuerzos aislados, sino de una coordinación permanente entre gobierno y empresarios, con mecanismos de seguimiento, destrabe de proyectos y visión estratégica. Este tipo de instancias, cuando operan con seriedad, reducen riesgos, aceleran decisiones y fortalecen la confianza.
El plano internacional tampoco ha sido descuidado. El reforzamiento de relaciones económicas con países como Francia apunta a diversificar mercados, atraer inversión extranjera directa y posicionar a México como un socio confiable en sectores de alto valor agregado, como tecnología, energía limpia e innovación. En un mundo cada vez más competitivo, esta diplomacia económica resulta indispensable.
Finalmente, los indicadores generales acompañan el discurso. El inicio de 2026 con buenos niveles de empleo, dinamismo turístico y estabilidad económica genera un entorno favorable para la inversión productiva. No son resultados casuales, sino consecuencia de políticas que han privilegiado el mercado interno, el poder adquisitivo y la estabilidad financiera.
En conjunto, los anuncios recientes configuran un mensaje claro: México no navega a la deriva. Hay una ruta definida, con objetivos medibles y una lógica de corresponsabilidad entre el sector público y privado. En tiempos de incertidumbre global, contar con un plan claro y viable no solo es una ventaja competitiva; es una condición indispensable para crecer.
El reto, como siempre, estará en la ejecución. Pero al iniciar 2026, el país cuenta con algo fundamental: visión, dirección y una estrategia económica que apuesta por el desarrollo con certidumbre.
Pedro Torres
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