El legislador de Movimiento Ciudadano acusa opacidad y afectaciones directas a los derechos de la población.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, promovió un recurso de amparo ante juzgados federales con el objetivo de suspender de manera inmediata el envío de petróleo del Gobierno de México a Cuba, al considerar que se trata de un acto ilegal que vulnera los derechos de las y los mexicanos.
El legislador sostuvo que el suministro de hidrocarburos al régimen cubano carece de transparencia, no cuenta con una justificación pública clara y representa un uso indebido de recursos estratégicos del país, en un contexto donde persisten carencias en sectores prioritarios como salud, seguridad e infraestructura.
“Regalar el petróleo de los mexicanos a una dictadura es una traición a la patria y una burla para millones de familias que pagan la gasolina más cara del mundo”, afirmó el diputado.
Sánchez Villegas señaló que el valor del petróleo entregado superaría los 3 mil millones de dólares, recursos que, dijo, podrían destinarse a fortalecer el sistema de salud, mejorar la infraestructura educativa y atender rezagos en seguridad y desarrollo, particularmente en entidades como Chihuahua.
El legislador expuso que, con un monto de esa magnitud, el Estado mexicano tendría la capacidad de construir decenas de hospitales, contratar personal médico, abastecer medicamentos oncológicos, rehabilitar miles de escuelas o reparar la red carretera estatal, en lugar de destinarlo a apoyos energéticos a un gobierno extranjero.
“México no puede seguir financiando tiranías mientras abandona a su propia gente. Ni un barril más para dictaduras, todo para los mexicanos”, expresó.
En el recurso legal, el diputado señala como autoridades responsables a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así como a la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, a quienes atribuye la autorización y ejecución de estos envíos.
Finalmente, adelantó que el amparo busca no solo detener de inmediato el suministro de petróleo, sino también obligar a las dependencias federales a transparentar los acuerdos y rendir cuentas sobre el uso de los recursos energéticos nacionales.
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