En México se habla cada vez más de los derechos de las niñas y los niños, pero cada vez menos de las responsabilidades reales que esos derechos exigen. El discurso jurídico y político ha avanzado en declaraciones, pero la realidad demuestra que el llamado “interés superior de la niñez” sigue siendo, en muchos casos, una frase repetida incapaz de proteger efectivamente a quienes más lo necesitan.
El problema es estructural. Se han multiplicado leyes, protocolos y organismos, pero no se ha fortalecido de manera proporcional la responsabilidad de los adultos, de los padres ni del propio Estado. Se amplían libertades formales para niñas, niños y adolescentes, sin atender con seriedad la edad, la madurez emocional ni las consecuencias irreversibles que ciertas decisiones pueden implicar. La infancia requiere guía, acompañamiento y protección, no abandono disfrazado de autonomía.
Uno de los debates más delicados es la idea de que niñas y niños puedan decidir por sí mismos asuntos profundos y permanentes de identidad, sin un marco claro de edad, desarrollo psicológico y responsabilidad adulta. Defender límites no es negar dignidad; es reconocer que la niñez es una etapa de formación. La libertad sin orientación no emancipa: desprotege.
A esta fragilidad se suma una expresión cruel de la descomposición familiar: la violencia vicaria. Miles de niñas y niños son utilizados como instrumentos de castigo entre adultos, atrapados en conflictos que no les pertenecen. El sistema jurídico suele reaccionar tarde, con medidas insuficientes o contradictorias, y en la práctica termina normalizando el daño. El expediente se cierra antes que la herida, y la reparación emocional casi nunca llega.
El Estado, además, ha fallado en una obligación elemental: la salud infantil. El cáncer en la niñez ya no es excepcional; es una realidad cada vez más común. Sin embargo, el país carece de una red suficiente de hospitales infantiles públicos, médicos especialistas y tratamientos oportunos. En muchas regiones no hay neuropediatras, oncólogos pediatras ni equipos integrales. Muchas familias se empobrecen o se endeudan de por vida intentando salvar a sus hijos; otras simplemente los pierden. Un derecho sin infraestructura es una promesa vacía.
La situación es aún más alarmante en el caso de la niñez indigente, migrante e indígena. En múltiples ciudades proliferan niñas y niños en situación de calle, acompañados por madres demasiado jóvenes, incluso menores de edad. Gran parte de esa población proviene de rutas migratorias o de comunidades originarias que llegan sin redes de apoyo. La ausencia de políticas integrales de protección los coloca en vulnerabilidad extrema frente a la trata de personas, la explotación y el reclutamiento forzado por estructuras criminales.
También hay una contradicción cultural: se discute con pasión lo que el Estado puede autorizar o prohibir, pero se descuida lo que el Estado debe garantizar. A padres responsables se les limita en la formación espiritual o cívica de sus hijos, mientras se tolera que la niñez crezca expuesta a violencia, drogas, alcoholismo, pornografía temprana y abandono emocional. La protección no puede ser selectiva.
Paradójicamente, mientras se debate qué pueden decidir los niños, se les niega lo básico: conocer y ejercer sus derechos cuando son víctimas de abuso, maltrato o negligencia. El lenguaje jurídico no les es accesible, la denuncia no es segura, y las instituciones operan con trámites que desesperan a quien ya está roto. La justicia, cuando tarda, también lastima.
México sigue intentando resolver problemas del siglo XXI con estructuras civiles y familiares que ya no responden a la realidad social. Reconocer derechos no basta. Hay que actualizar obligaciones parentales, fortalecer capacidades institucionales, medir resultados y rendir cuentas: prevención, detección temprana, atención médica, protección social, refugios, terapias, escuelas seguras y calles seguras.
Las niñas y los niños no necesitan ser banderas ideológicas ni cifras de informe. Necesitan adultos responsables, instituciones fuertes y un Estado que cumpla. Defender su interés superior implica asumir límites, tomar decisiones difíciles y colocar su bienestar por encima de agendas políticas, conflictos personales o discursos cómodos. De lo contrario, seguiremos celebrando derechos en el papel mientras la niñez paga el costo en la vida real. ¡Urge actuar ya!
Héctor Molinar Apodaca
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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