Lo que pasó esta semana en la frontera norte no es una anécdota más en la larga lista de episodios violentos del país. Es un recordatorio incómodo de algo que muchos intentan minimizar: México vive una realidad paralela entre el discurso oficial y lo que sucede en las calles, en los parques industriales, en las carreteras y en los barrios donde la gente trabaja y cría a sus hijos.
En Ciudad Juárez, sin ir más lejos, amanecimos otra vez con narcomantas. Firmadas por “Los Cabrera”, dirigidas a otros grupos, enviadas como si el territorio tuviera dueño y las instituciones fueran un espectador más. Las autoridades, como siempre, respondieron con comunicados breves y declaraciones genéricas: que “se investiga”, que “no se permitirá”, que “ya se reforzó la presencia”. La realidad es otra: cuando un grupo criminal se siente con la libertad de colgar mensajes públicos sin ser molestado, no estamos hablando de una falla temporal, estamos hablando de control territorial.
Pero Juárez no fue la excepción; fue la evidencia. En Chihuahua se registraron bloqueos, agresiones focalizadas y desplazamientos de familias en la sierra. En Zacatecas, el Ejército tuvo que intervenir otra vez en municipios que cambian de manos como si fueran franquicias. Y en varios puntos de la frontera norte, la movilidad cotidiana se trastocó por hechos violentos que ya nadie considera “extraordinarios”. Lo extraordinario sería que no ocurrieran.
Es aquí donde debemos ser honestos: la violencia dejó de ser un fenómeno de seguridad y se convirtió en un problema económico, social y político de primer orden. No se puede hablar de nearshoring, de competitividad, de modernización fronteriza o de inversión si las carreteras están tomadas, si las maquilas ajustan horarios por riesgo, o si la gente tiene que aprender a distinguir el sonido de un cohete del de un arma larga. Ese no es un país que compite; es un país que sobrevive.
Lo más grave es la distancia entre lo que la gente vive y lo que el gobierno presume. Mientras la narrativa oficial sigue centrada en “abrazos, no balazos”, la frontera experimenta lo contrario: balazos, desplazamientos y vidas enteras reorganizadas para no cruzarse con la violencia. El país real no está en las mañaneras ni en los informes; está en las colonias donde un negocio decide cerrar más temprano, en los transportistas que prefieren desviarse aunque les cueste más, en los trabajadores que avisan si llegaron bien a su casa porque “se puso feo”.
Y sí, duele admitirlo, pero una parte del Estado renunció a gobernar ciertos territorios. No porque lo diga un analista, sino porque lo demuestra cada manta, cada casa quemada, cada camino bloqueado. Cuando un grupo criminal define rutas, horarios y reglas, no estamos frente a un problema de seguridad: estamos frente a una sustitución informal del poder público.
Lo que nos pasó esta semana no es nuevo, pero sí es urgente. La frontera norte, esa que sostiene buena parte de la economía nacional, está pidiendo una estrategia seria, no slogans de esos que solo buscan llegar al 2027. Está pidiendo inteligencia, coordinación, presencia real en campo, no operativos de 48 horas para la foto. Está pidiendo que la política deje de administrarse con discursos y se gobierne con resultados.
La violencia no se resuelve ignorándola. Tampoco se resuelve normalizándola. Y mucho menos se resuelve compartiendo culpas entre niveles de gobierno mientras el territorio sigue en disputa. La frontera necesita que el Estado vuelva a ser Estado. Y mientras eso no ocurra, las narcomantas seguirán colgándose con la misma facilidad con la que se cuelga un anuncio de renta.
Porque al final, lo que pasó esta semana no fue un episodio aislado: fue el recordatorio de que la frontera, esa que debería ser puerta de oportunidades, se nos está descomponiendo a la vista de todos. Y si queremos que Juárez siga siendo el numero uno, pero el numero uno en historias de éxito y resiliencia no una historia mas de terror.
Daniel Alberto Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
