En México, el derecho a manifestarse es una conquista histórica que llevó décadas de lucha y dolor. Es un derecho que no solo está protegido por la Constitución: forma parte del ADN político de un país que aprendió a hacerse escuchar cuando las instituciones fallan. Pero hoy ese derecho enfrenta una tensión cada vez más compleja, donde la protesta legítima convive con un impacto económico profundo y, además, con agendas políticas que buscan otro fin: no el acuerdo, sino la desestabilización.
Los recientes cierres de puentes internacionales, carreteras estratégicas y accesos fronterizos han evidenciado una realidad incómoda. Sí, hay grupos que exigen soluciones urgentes a problemas reales. Pero también hay actores que han descubierto que el bloqueo más que un método de presión puede convertirse en un instrumento político para desgastar gobiernos, polarizar a la sociedad y mantener un estira y afloja interminable. Cuando el propósito deja de ser el diálogo y se convierte en el caos calculado, el país entra en un terreno mucho más delicado.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que su gobierno no caerá en provocaciones. Sin embargo, mientras evita la confrontación, los costos inmediatos recaen sobre quienes no tienen voz en ese juego político: trabajadores que pierden el día, transportistas retenidos, familias enteras atrapadas en una dinámica que no les pertenece. Cada bloqueo genera un efecto dominó silencioso: una planta que detiene producción, mercancías que se echan a perder, comercios que no abren, escuelas que pierden clases. Son daños que no suelen formar parte del debate político, pero sí del sufrimiento cotidiano de miles.
A esto se suma un fenómeno preocupante: una sociedad cada vez más dividida, donde cada grupo mira solo su propio agravió. Quienes protestan sienten que es su única herramienta; quienes sufren las consecuencias viven con la idea de que sus derechos valen menos. Y en medio de esa fractura, aparece otro actor que alimenta la tensión: quienes aprovechan la inconformidad para empujar fines partidistas o electorales. Así, temas sociales urgentes se convierten en piezas de un tablero político donde nadie está realmente interesado en resolverlos.
El paradoja es que México tiene hoy un gobierno con mayoría absoluta en los tres poderes, una condición inédita que en teoría permitiría atender conflictos con eficacia y capacidad de respuesta. Pero el vacío entre protesta y solución crece. Los casos donde el diálogo debería fluir se atascan en un enfrentamiento perpetuo que, a veces, parece más funcional para quienes buscan desgastar al gobierno que para quienes buscan justicia.
El verdadero riesgo es que normalicemos este escenario como parte de la vida pública. Que la protesta deje de ser un instrumento ciudadano para convertirse en un método permanente de confrontación. Que el país viva atrapado entre bloqueos, pérdidas económicas y tensiones inducidas. Y que la ciudadanía se acostumbre a vivir en un país donde cada conflicto se administra con desgaste y no con acuerdos.
El reto del gobierno federal no es solo evitar provocaciones, sino reconstruir canales efectivos de diálogo y poner límites claros a prácticas que ya no buscan soluciones. El reto de quienes protestan es no permitir que sus causas sean capturadas por agendas ajenas. Y el reto de la sociedad es defender el derecho a manifestarse sin renunciar al derecho a trabajar, transitar y vivir en paz.
México necesita un nuevo pacto social para que la protesta no se convierta en arma política ni en un mecanismo de desgaste perpetuo. Un pacto donde se reconozca que la libertad de uno no puede implicar el colapso de todos. Hasta que no se logre, seguiremos atrapados en una espiral donde cada bloqueo duele doble: para quienes exigen justicia y para quienes quedan atrapados en un conflicto que otros manipulan.
Nora Sevilla
Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.
