El edil michoacano fue conocido por su combate frontal al crimen organizado y su discurso contra la inacción del gobierno federal.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre durante un evento público por el Día de Muertos, ha conmocionado a Michoacán y al país entero. La figura del primer edil independiente de ese municipio deja tras de sí un legado marcado por su lucha directa contra el crimen organizado, su postura crítica frente al gobierno federal y un estilo de liderazgo que desafiaba abiertamente la violencia en una de las regiones más conflictivas de México.
Originario de Uruapan y formado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO, Manzo —de 40 años— llegó a la presidencia municipal en 2024 tras una campaña que prometía mano dura contra la corrupción y la inseguridad. En un estado dominado por la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, el político emergió como una voz incómoda para las estructuras del poder tradicional. Su gobierno independiente representó una rareza en un escenario local dominado históricamente por partidos hegemónicos.
Durante su gestión, Manzo encabezó personalmente operativos de patrullaje y ordenó la adquisición de patrullas y vehículos blindados para reforzar la seguridad municipal. Su discurso se volvió célebre por su dureza: “Delincuente que se tope armado y se resista, hay que abatirlo; no hay que tener ninguna consideración”, llegó a declarar ante medios nacionales. La frase, aplaudida por algunos sectores ciudadanos hartos de la violencia, también desató críticas de organizaciones civiles que lo apodaron “el Bukele mexicano” por su estilo autoritario.
Sin embargo, su postura también lo colocó en la mira de los grupos delictivos. En redes sociales denunció amenazas constantes y pidió ayuda a la Federación, alertando: “Estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal. No queremos ser un alcalde asesinado más”. Pese a contar con protección asignada desde diciembre de 2024, reforzada con elementos de la Guardia Nacional, el edil fue atacado a balazos en pleno centro de Uruapan, frente a cientos de asistentes.
El funeral de Manzo, realizado el domingo 2 de noviembre, congregó a decenas de ciudadanos vestidos de negro que lo despidieron entre mariachis, aplausos y gritos de justicia. Sus simpatizantes destacaron que fue el primer alcalde que enfrentó al crimen sin intermediarios, mientras figuras políticas nacionales exigieron una respuesta contundente a la violencia contra autoridades locales.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato y prometió “reforzar la estrategia de seguridad”, mientras el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, confirmó que la investigación sigue abierta y que “no se descarta ninguna línea”. En contraste, el coordinador del PRI en el Congreso estatal, Arturo Medina, responsabilizó al gobierno federal, afirmando que “la inacción criminal del régimen entregó a la delincuencia la vida de Carlos Manzo”.
Con su muerte, Uruapan pierde a un político que rompió moldes: primer alcalde independiente, exdiputado federal, y símbolo de una nueva generación que apostaba por enfrentar al crimen sin la sombra de los partidos. Su asesinato reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de los gobernantes locales en zonas controladas por el narcotráfico y sobre el precio de ejercer el poder en regiones donde la violencia se ha normalizado.
A un año de haber prometido “recuperar la paz para Uruapan”, Carlos Manzo deja un mensaje que hoy resuena con fuerza: la seguridad no se delega, se defiende.
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