En la primera semana de septiembre de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026. Dentro de este, surgió una noticia inquietante para la comunidad cultural: el Ramo 48, correspondiente a Cultura, sufriría un recorte de casi dos mil millones de pesos, equivalente al 13.16 % respecto al presupuesto de 2025. Así, pasaría de 15,081 millones a 13,097 millones de pesos.
Este recorte no es anecdótico: forma parte de la política de austeridad que el gobierno federal ha promovido desde 2018. Según la Secretaría de Cultura, el proyecto sigue siendo “radicalmente incluyente”; en su intento por reconocer la diversidad cultural, busca apoyar las lenguas originarias, fortalecer expresiones comunitarias, descentralizar la oferta cultural en México y vincular la naturaleza con la cultura. Ejemplo de ello es el proyecto del Bosque de Chapultepec, donde se pretende que naturaleza y cultura sean ejes transformadores del espacio en un gran corredor cultural y ecológico. A ello se suman los programas que intentan fortalecer las culturas municipales y comunitarias, así como las giras artísticas que buscan dar visibilidad a los estados y evitar la concentración en la Ciudad de México.
La paradoja es evidente: el recorte presupuestal contrasta con el discurso cultural que el propio gobierno ha sostenido desde 2018. Aunque se justifica con la necesidad de ajustar las finanzas públicas, este golpe a la cultura llega en un momento crítico, en el que el sector enfrenta condiciones laborales precarias, con protestas sindicales en curso y una infraestructura insuficiente. Actualmente, la propuesta se encuentra en manos de la Cámara de Diputados, que tendrá la responsabilidad de decidir si aprueba el planteamiento tal cual o introduce reasignaciones presupuestarias.
La pregunta es inevitable: según el propio proyecto incluyente del gobierno, ¿cómo se puede sostener una visión de inclusión, descentralización y fortalecimiento comunitario con un recorte presupuestal de tal magnitud?
Las consecuencias pueden ser trascendentales. El INAH perdería más de 1,200 millones de pesos, lo que limitaría severamente su capacidad de conservar zonas arqueológicas y patrimonio histórico. El INBAL, por su parte, enfrentaría una reducción cercana a los 1,000 millones, lo que afectaría las temporadas de teatro, danza, música y ópera —esta última, con un éxito inusitado en años recientes—, además del mantenimiento de museos y escuelas artísticas, pilares en la formación de nuevos talentos mexicanos.
Este recorte, además, ocurre tras un episodio revelador: en septiembre de 2025, trabajadores del INBAL realizaron un paro que obligó al cierre de recintos emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes —ícono turístico y cultural de México— y el Museo Nacional de Arte, entre otros. Aunque la demanda inmediata fue la mejora en la entrega de uniformes, el trasfondo fue mucho más profundo: condiciones laborales precarias, falta de insumos y pagos atrasados. Aquella protesta fue una advertencia de lo que puede venir si los recursos se reducen aún más.
Es previsible que surjan nuevas huelgas y protestas en el sector cultural. La austeridad, cuando se aplica sin sensibilidad, genera un efecto dominó: primero, la inconformidad de los trabajadores; luego, la interrupción de servicios, y finalmente, la pérdida de confianza del público. Así, el cierre de museos y la cancelación de actividades artísticas afectan directamente el acceso de la ciudadanía a la oferta cultural.
Más allá del conflicto laboral, el recorte amenaza la producción cultural en sí misma. Con menos estímulos, becas y apoyos, los artistas verán limitada su capacidad de crear. En este espacio nos hemos preguntado si México aprovecha realmente su potencial cultural como generador de propuestas artísticas, de diseño y de cultura popular capaces de traducirse en empleos y dinamismo económico. El recorte es un golpe directo a esta posibilidad. Con menos presupuesto operativo, las instituciones se verán obligadas a cancelar proyectos, reducir giras o posponer investigaciones. La consecuencia será una oferta cultural más limitada, tanto para el público nacional como para la proyección internacional del país.
Hoy, la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de corregir la propuesta de Hacienda. El tijerazo no es inevitable: existe margen para reasignar recursos y mantener vivo el proyecto cultural. La cultura no puede reducirse a una partida contable: es un derecho, un patrimonio y una fuerza creativa que define quiénes somos, sin dejar de ser también un motor económico. Recortar el Ramo 48 no solo es un error financiero: es un retroceso simbólico y social. La huelga de septiembre ya evidenció un descontento latente, y si el gobierno insiste en su discurso incluyente y transformador, deberá evitar que la política cultural se convierta en una promesa hueca.
El 2026 podría ser recordado como el año en que la austeridad vació de contenido a la política cultural en México.
Elias Ascencio
Diseñador gráfico, fotógrafo y docente con más de 30 años de trayectoria artística y educativa. Maestro en Administración Pública y doctorante en Semiótica, ha trabajado en Metro CDMX y marcas nacionales. Líder filantrópico y promotor cultural en México.
