La censura en México ya no llega con tanques ni gritos en las calles. Hoy se instala con sellos oficiales, tribunales “electorales” que deciden qué se puede decir, quién puede criticar y si se puede cuestionar al poder. La libertad de expresión (columna vertebral de cualquier democracia) está siendo reemplazada por un sistema de miedo, en el que opinar resulta peligroso.
El periodista Héctor de Mauleón fue sancionado por el Tribunal Electoral (multas, retiro de contenido y disculpas públicas), todo bajo el argumento de “violencia política de género”. Pero sus escritos eran críticas a hechos concretos. Este uso instrumental del discurso de género es un mecanismo de censura que convierte a la crítica en delito y a la verdad incómoda en crimen.
Peor aún (no solo los periodistas están siendo atacados). Karla María Estrella, ciudadana de Hermosillo, fue sancionada por un simple tuit en el que cuestionaba que una diputada postulada fuera seleccionada por su esposo. El Tribunal la condenó a pagar una multa, ofrecer disculpas públicas durante 30 días, tomar cursos de género y permanecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por 18 meses. Esta criminalización de la crítica ciudadana demuestra que no sólo la prensa está en el foco (cualquier voz independiente corre el riesgo de ser silenciada).
Estas medidas provienen directamente de la maquinaria de Morena, un partido que muestra intolerancia ante el escrutinio. Legisladores y actores afines impulsan y validan este blindaje legal, transformando a tribunales y leyes en instrumentos de control político. Utilizan el lenguaje de la justicia de género (una causa legítima) como ariete, y no para proteger a mujeres, sino para proteger intereses del poder.
Lo más perverso es la banalización de la violencia de género. Su objetivo original (defender a víctimas reales) se ha pervertido en un garrote contra la crítica. No se denuncia a quienes agreden, se sanciona a quienes señalan. No se combate al violento, se castiga al que narra la verdad.
El uso de estos mecanismos afecta directamente la democracia (si criticar una candidatura puede costarte multas y humillación pública, si disentir públicamente te obliga a disculparte por un mes, la autocensura se convierte en norma). Y así, si hoy calla una ciudadana de Hermosillo, mañana podría callar cualquier voz incómoda (estudiantes, activistas, usuarios de redes). El mensaje está dado, si preguntas o cuestionas, deberás pagar con tu voz.
Mientras tanto, los problemas reales (la inseguridad que cobra vidas diariamente, la corrupción que degrada instituciones, y el crimen organizado que llega al poder) siguen sin sancionarse. No hay tribunales rápidos ni multas obligatorias para ellos. Solo hay represalias para quienes denuncian.
El Tribunal Electoral, en lugar de defender la transparencia democrática, se ha convertido en guardián de la impunidad del poder. Cuando castiga opiniones con el mismo ahínco que debería castigar actos de corrupción, lo que está erosionando es la confianza ciudadana. Si la democracia se vuelve un simulacro en el que la crítica es sancionada y la palabra vigilada, pronto viviremos en una dictadura de cartón.
La libertad de expresión no es una concesión del Estado, es un derecho. Y ningún partido (por mayorías que ostente) puede usurparlo. Hoy callan a Héctor de Mauleón; hoy censuran a Karla Estrella. Mañana podrían silenciar a cualquiera. Eso no es democracia, es un régimen autoritario con disfraz democrático.
Defender a un periodista o a una ciudadana sancionada no es un acto de privilegio, sino de defensa colectiva. Ningún gobierno tiene derecho a decirnos qué pensar ni qué decir. Si no levantamos la voz ahora, mañana será tarde. Porque cuando un país empieza a perseguir palabras, el siguiente paso es perseguir personas. Y cuando eso ocurre, lo que se ha perdido no es solo la libertad de expresión,es la libertad misma.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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