Uri Emmanuel Ansbacher y Avishay Samuel Neriya, socios de la empresa BSD Security Systems, están en el centro de una controversia que involucra la supuesta entrega de 25 millones de dólares al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México (ADN/Staff) .- Esta información fue revelada a través de un documento presentado por los empresarios como parte de un proceso de conciliación iniciado en 2024. La fuente consultada por The Market indica que este monto aparece en documentos oficiales como “una inversión conjunta en una figura de alto rango” en México.
Aunque el documento no menciona directamente a Peña Nieto, se hace referencia a términos como “el mandato de N” y “el N electo”, que coinciden con la campaña presidencial de 2012 y el sexenio de Peña Nieto. La misma fuente asegura que los 25 millones de dólares habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral del priista, lo que añade un nuevo nivel de seriedad a las acusaciones.
Durante este periodo, Ansbacher también era representante en México de NSO Group, la empresa desarrolladora del software de espionaje Pegasus, lo que lo coloca en el centro de la investigación por el caso de espionaje contra la periodista Carmen Aristegui. La conexión entre los empresarios israelíes y el exmandatario se fortalece con el nombramiento de Neriya como cónsul honorario de México en Haifa en 2014, un acto que parece haber beneficiado a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien huyó a Israel en 2020.
Reportes indican que Neriya ayudó a Zerón a escapar de México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras ser acusado de irregularidades en la investigación del caso Ayotzinapa. Este contexto complica aún más la situación, ya que revela una red de relaciones que trasciende el ámbito empresarial y se adentra en la política mexicana.
Además de la supuesta financiación de la campaña, los empresarios firmaron otros contratos significativos, incluyendo uno de 1.631 millones de pesos (87,5 millones de dólares) con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), relacionado con cárceles en México. También se mencionan contratos para la venta de tecnología de drones y equipos militares, lo que sugiere un amplio interés en el sector de la seguridad pública.
El conflicto entre Ansbacher y Neriya se originó cuando este último acusó a Ansbacher de no cumplir con un acuerdo para reunirse en tres ocasiones con Peña Nieto, para lo cual se habrían pagado cinco millones de dólares. Hasta el momento de esta publicación, el expresidente Peña Nieto no ha emitido ninguna declaración sobre las acusaciones que lo involucran. La situación continúa desarrollándose y podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y empresarial en México.
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