El PRI se abstiene en la votación de un acuerdo que agrupa especialidades judiciales, alertando sobre la falta de garantías en la elección de jueces.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El ambiente político en Chihuahua se vio convulsionado tras la decisión de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que sometió a votación un Acuerdo relacionado con la elección de jueces y juezas por voto popular.
Este Acuerdo, que busca agrupar distintas especialidades en materias generales, ha desatado una ola de críticas y controversias, especialmente por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que optó por abstenerse de la votación como un claro signo de inconformidad.
La decisión del PRI no solo refleja una postura de descontento, sino que también resuena con las preocupaciones históricas sobre la parcialidad y la eficacia del sistema judicial en la entidad.
El Acuerdo establece que jueces especializados en temas críticos, como justicia para adolescentes o casos de narcomenudeo, competirán en la misma contienda electoral. Este aspecto ha generado un mar de incertidumbre entre los aspirantes, quienes temen que la falta de claridad en los criterios de selección y la mezcla de especialidades puedan perjudicar las expectativas de aquellos que buscan postularse para roles específicos en el poder judicial.
La preocupación radica en que la inclusión de diferentes especialidades en una sola elección podría diluir la experiencia y el perfil necesarios para abordar los complejos temas que la justicia en Chihuahua enfrenta.
Históricamente, la impartición de justicia en el estado ha estado marcada por desafíos significativos, incluidos cuestionamientos sobre la independencia del poder judicial y la falta de confianza en los mecanismos de selección de jueces.
En este contexto, el legislador del PRI ha señalado que el Acuerdo introduce “una irregularidad profunda” que compromete aún más la integridad del proceso. Es fundamental recordar que este clima de desconfianza está alimentado por un recorrido histórico lleno de controversias y alteraciones en las normas que regulan los procesos judiciales, lo que hace aún más complejo el actual escenario electoral.
El representante del PRI, Medina, hizo hincapié en su compromiso por mantener un proceso claro y transparente, afirmando que no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Esta afirmación resalta una de las críticas más persistentes al sistema político mexicano: la manipulación de las normas por conveniencia de grupos en el poder.
Esta situación no solo afecta a los postulantes, sino que también repercute en la percepción pública de un poder judicial que debería ser, en teoría, un baluarte de la justicia y la legalidad.
El hecho de que la elección de jueces se realice a pesar de los mandatos judiciales anteriores que inhabilitaban dicho procedimiento ha añadido otra capa de complejidad a la situación. Este tipo de decisiones puede resultar lesiva no solo para los aspirantes, sino también para la comunidad en general, que ve en el sistema judicial un pilar fundamental para la convivencia pacífica y la resolución de conflictos sociales.
La desconfianza en la selección de magistrados o jueces puede propiciar un ciclo de desconfianza hacia las instituciones, que a largo plazo pone en riesgo la cohesión social.
En un estado como Chihuahua, donde la cultura y la historia están estrechamente ligadas a la percepción de autoridad y justicia, decisiones como estas pueden tener repercusiones profundas y duraderas.
La resistencia del PRI a aceptar un proceso lleno de incertidumbres refleja una inquietud compartida por muchos chihuahuenses: la necesidad de contar con un poder judicial fuerte y bien estructurado, capaz de hacer frente a los importantes retos que enfrenta la sociedad en el contexto actual.
La tarde del 11 de febrero dejó en claro que el debate sobre la justicia y sus procesos sigue siendo un asunto de vital importancia para la ciudadanía chihuahuense.
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