El TEJA inhabilita por un año a la exfuncionaria por irregularidades en la compra de equipo y uso de documentos falsos.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) resolvió inhabilitar por un año a A.C.P.R.L.A., exdirectora administrativa de Comunicación Social del Gobierno del Estado durante 2018, al acreditarse una falta administrativa grave relacionada con abuso de funciones en la adquisición irregular de equipo de cómputo y una cámara fotográfica.
La sanción deriva de una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado (ASE) tras detectar anomalías en la revisión de la Cuenta Pública 2018. De acuerdo con la resolución, la exfuncionaria autorizó la compra de un equipo de cómputo de alta gama con un valor de 352 mil 943.60 pesos y de una cámara fotográfica por 73 mil 269.21 pesos sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.
El magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, titular de la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, acreditó que la exservidora pública presentó un estudio de mercado que carecía de validez, ya que incluyó una cotización falsa de una empresa inexistente denominada TK Soluciones en Sistemas S.A. de C.V., la cual no cuenta con registro oficial. Esta irregularidad fue determinante para confirmar la falta administrativa de abuso de funciones, como lo establece el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El TEJA, en su resolución del expediente 047/2024-1 JRA, determinó que A.C.P.R.L.A. incurrió en acciones indebidas al instruir la contratación de bienes mediante dos “contratos simplificados”, figura que no se encuentra contemplada en la legislación vigente. Dichas adquisiciones debieron sujetarse a procesos formales con estudios de mercado válidos y licitaciones que garantizaran transparencia en el ejercicio de recursos públicos.
En consecuencia, el Tribunal impuso a la exfuncionaria la inhabilitación por un año para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público, así como para participar en procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. La resolución ha sido notificada a la ASE como parte denunciante para su debido cumplimiento.
Este caso refleja el seguimiento que organismos fiscalizadores, como la ASE, mantienen sobre el manejo de los recursos públicos, buscando prevenir actos que vulneren la transparencia y la legalidad en la administración estatal. Además de la vía administrativa, se mantiene abierta la posibilidad de que se deriven responsabilidades penales, dado que la denuncia original también fue presentada por esa vía.
Con esta resolución, el TEJA refuerza su papel en la lucha contra la corrupción y el abuso de funciones, aplicando sanciones que buscan establecer precedentes sobre la importancia de cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos en las leyes de adquisiciones y responsabilidad administrativa.
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