El promedio anual de sanciones es de apenas 40 casos, revela estudio de Transparencia Mexicana.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, Transparencia Mexicana presentó un informe que evidencia la limitada efectividad de la fiscalización en México. Según el estudio, realizado en colaboración con la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua, en siete años de vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los tribunales administrativos han dictado solo 488 resoluciones, derivando en apenas 281 sanciones, un promedio de 40 por año.
El informe fue presentado en la Ciudad de México ante representantes de los órganos fiscalizadores del país. Durante la reunión, el Auditor del Estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, señaló que la baja cifra de sanciones refleja deficiencias en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dificulta la aplicación de sanciones a conductas deshonestas de los servidores públicos en el manejo del presupuesto público.
Chihuahua destaca en sanciones obtenidas
El estudio coloca a la ASE de Chihuahua entre los cinco órganos fiscalizadores con mejores resultados a nivel nacional, junto con las auditorías de México, Nayarit, Zacatecas y Chiapas. Estas instituciones concentran la mayoría de las sanciones administrativas emitidas por los tribunales.
Auditorías millonarias con resultados limitados
En México, 33 órganos fiscalizadores, incluyendo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revisan anualmente las cuentas públicas de autoridades en los tres niveles de gobierno, los tres poderes y organismos autónomos. Tan solo la auditoría del presupuesto federal implica la revisión de 9 billones de pesos al año, sin considerar los recursos adicionales ejercidos por los estados.
Problemas estructurales en la Ley y fiscalización desigual
El estudio señala que antes de 2017, las auditorías se limitaban a enviar observaciones a los órganos internos de control, sin distinguir entre faltas graves y no graves. Con la reforma de ese año, los órganos fiscalizadores adquirieron la facultad de presentar denuncias ante tribunales administrativos. Sin embargo, las diferencias en plazos y procedimientos entre las leyes locales de los estados han generado una aplicación desigual de las sanciones.
Desafíos para la fiscalización efectiva
Los resultados reflejan la necesidad de reformas para mejorar el marco normativo de la fiscalización. A pesar de la mayor autonomía otorgada a los órganos auditores, los bajos niveles de sanciones apuntan a que aún persisten barreras legales y operativas para garantizar el castigo de actos de corrupción en el país.
La cifra de sanciones es un recordatorio del reto que enfrenta México para cerrar las brechas de impunidad en el manejo de los recursos públicos, destacaron los participantes del evento.
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