Propuesta de reforma para dictar embargos provisionales ante acciones ilegales de funcionarios públicos. Medida para garantizar la reparación del daño.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el Pleno del Congreso del Estado, se propuso una reforma a la Ley de Justicia Administrativa que busca facultar a los juzgadores para dictar embargos provisionales, con el fin de garantizar la reparación del daño en casos específicos que así lo requieran.
Estas medidas cautelares estarían dirigidas a acciones ilegales cometidas por funcionarios públicos, con el objetivo de preservar o restituir los derechos fundamentales de las personas afectadas, o evitar daños de difícil reparación.
Estas medidas podrán ser aplicadas en situaciones donde se encuentren en riesgo o afectados derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad corporal, la propiedad o la seguridad jurídica, entre otros. La intervención inmediata de la autoridad responsable sería necesaria para adoptar las medidas pertinentes y garantizar el restablecimiento de los derechos de los afectados.
El embargo precautorio, también conocido como embargo preventivo, consistiría en la restricción, disposición o transferencia de bienes o activos de manera cautelar mientras se resuelve un proceso legal. Su objetivo principal sería asegurar el cumplimiento de una obligación o garantizar la efectividad de un derecho en disputa antes de que se emita una sentencia definitiva.
En el ámbito fiscal, el embargo precautorio se utilizaría como medida preventiva para asegurar el interés fiscal antes de que un crédito sea determinado o exigible. A diferencia del procedimiento administrativo de ejecución de créditos fiscales, el embargo precautorio buscaría garantizar el interés del fisco cuando aún no existe un crédito exigible.
Ante reclamos recurrentes sobre la tardanza o incumplimientos de la autoridad al reparar perjuicios provocados, se busca con esta propuesta evitar abusos por parte de la autoridad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones en caso de daños a particulares. El embargo provisional sería una herramienta para evitar la incertidumbre jurídica y garantizar una reparación adecuada en proporción al daño causado por actos de autoridad en contra de particulares.
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