López Obrador busca aprobar reformas constitucionales que preocupan; al desaparecer organismos, se pondría en riesgo la libre competencia y el desarrollo de mercados.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El panorama económico y social de México se ve amenazado por la posible desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INA), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esta situación ha generado preocupación y críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad, quienes consideran que estas reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador podrían suponer un retroceso de más de 20 años en la transparencia, la promoción de la libre competencia y el desarrollo de mercados.
En este contexto, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Luis Aguilar, ha manifestado su rechazo a estas propuestas y ha señalado que de ser aprobadas, el Gobierno Federal se convertiría en juez y parte de actividades fundamentales, lo que va en contra del principio de separación de poderes y de la existencia de contrapesos en el país.
Aguilar ha destacado que la eliminación de estos organismos autónomos no supondría un verdadero ahorro a las finanzas públicas, ya que representan menos del 5% del presupuesto destinado a pensiones en el Presupuesto de Egresos 2024, según un análisis realizado por la organización “México, ¿cómo vamos?”. Por lo tanto, considera que esta decisión sería un “pisotón a la democracia mexicana” y a la rendición de cuentas, algo que el presidente y su partido, MORENA, parecen no valorar.
El legislador del PAN también ha hecho hincapié en que en México solo el 40% de la población cuenta con un empleo formal, lo que les da acceso a una cuenta de AFORE y, por ende, a una pensión por retiro. Por lo tanto, considera que una verdadera reforma tendría que enfocarse en la generación de más empleos formales y en la regularización de los trabajadores informales, para que puedan acceder no solo a una pensión, sino también a servicios médicos y de vivienda, lo cual tendría un impacto positivo en la vida de las familias mexicanas.
Ante estas críticas, el presidente López Obrador ha defendido sus propuestas argumentando que la eliminación de estos organismos autónomos permitiría un ahorro de cerca de 500 mil millones de pesos, que podrían ser destinados a programas sociales y a mejorar la economía del país. Sin embargo, la oposición y diversos expertos han cuestionado esta afirmación y han alertado sobre las posibles consecuencias negativas que podrían tener estas reformas para la democracia y la economía mexicana.
La discusión sobre la continuidad de estos organismos autónomos sigue abierta y se espera que en los próximos meses se tomen decisiones al respecto. Mientras tanto, la sociedad civil y diferentes actores políticos continúan expresando su preocupación y exigiendo que se respete la independencia de estos organismos y su importante papel en la garantía de la transparencia y la competencia en México.
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