Recientemente, ha causado revuelo entre los más férreos conservadores, una supuesta amenaza a la minería. Las reformas, por cierto, recientemente aprobadas en la Cámara de Diputados, tras una contra propuesta del Grupo Parlamentario de MORENA a la iniciativa del presidente López Obrador, no han pasado desapercibidas para su análisis al Senado; tampoco han pasado desapercibidas en el estado, donde persiste una campaña -desafortunadamente- en la que se maneja arbitrariamente información sesgada.
En Chihuahua, un estado que, como muchos otros en el país, persiste una tradición minera, el tema no es fácil de abordar, aunque es necesario conocer algunos datos que contrastan con la imagen de riqueza y derrama que atienden más a un estado de desarrollo de la época virreinal: 9 de los 21 centros de producción de oro en México (ubicados en Chihuahua, Guerrero y Zacatecas) superan el promedio de niveles de pobreza. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda en 2020 los ingresos para México derivados de la actividad minera, representaron apenas el 0.32% del total de impuestos recaudados; para 2021 fue del 0.97% y representó apenas el 0.4% del PIB.
Cabe aquí aclarar y enfatizar respecto a que, no se habla en este espacio en contra del desarrollo, aunque bien cabría tener una perspectiva completa para replantearnos qué es y bajo qué intereses percibimos este concepto.
Consideremos además que, el 38% de los proyectos mineros se ubican en zonas de acuíferos sobreexplotados, lo que no solo afecta en cuanto a lo obvio, sino que propicia conflictos socioambientales en las comunidades; en Chihuahua, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en 58 acuíferos de los 61 que existen dentro de la entidad no hay disponibilidad.
La reforma aprobada se ha tildado de una acción insultante que transgrede los intereses de la industria minera, pareciendo que lo que pretende es mantenerla como intocable, pero ¿y los intereses de la gente? ¿No es insultante el que persistan empresas extranjeras que, bajo el amparo de unos cuantos
Entendemos que, durante los sexenios en los que el PAN ha ocupado la presidencia se hayan otorgado el mayor número de concesiones. Lo que no entendemos es por qué el detener la expropiación de tierras comunales, privilegiar el uso del agua para consumo humano, la protección de áreas naturales protegidas, la exigibilidad de responsabilidad ambiental y social, entre otros puntos recién aprobados, les parece una mala idea.
Dejo aquí entonces el tradicional dicho, en esta ocasión, de Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.”
Ampliemos entonces nuestro panorama con la información completa, pero, sobre todo, dejemos atrás rancias prácticas para poder transitar hacia un modelo económico que pueda privilegiar las actividades esenciales a la par de un desarrollo justo e incluyente.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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