A raíz del posible fraude que sufrieron miles de chihuahuenses al confiar sus recursos a una empresa de inversiones que incumplió sus promesas de ganancias, la autoridad debe investigar situaciones similares de oficio.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua para que se sancione penalmente a los responsables de fraudes financieros, con la creación de tres nuevos tipos penales, fue presentada por la fracción Parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado.
Ante la problemática ocasionada por el Grupo Aras, que afectó a miles de chihuahuenses que perdieron sus ahorros y bienes en un esquema fraudulento y que amenaza con convertirse en un conflicto social por la magnitud de las consecuencias, los legisladores de esa organización política propusieron que los fraudes masivos se persigan de oficio.
El diputado, Óscar Daniel Avitia Arellanes, expuso que esta normatividad, que pudiera denominarse Ley Aras, tiene el propósito de prevenir y castigar de manera ejemplar la comisión de fraudes masivos en perjuicio del patrimonio de los ciudadanos.
Mencionó que el Grupo Aras fue derrumbándose en los últimos meses y, ante la inminente bancarrota, la empresa piramidal mantuvo una narrativa de estabilidad, una enorme campaña publicitaria con la finalidad de seguir atrayendo a nuevos inversores, quienes terminaron siendo víctimas de defraudes.
Explicó que las acciones emprendidas por Grupo Aras reflejan la comisión de un fraude masivo planeado de forma meticulosa; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sostenido que en el caso de Aras Investment Business Group, se reducen los elementos para iniciar un proceso penal y tendría que tratarse como incumplimiento de contrato, supuesto ante el cual debería resolverse por la vía civil.
En este sentido, la iniciativa pretende aumentar la penalidad de los delitos que impliquen fraudes masivos, partiendo de la premisa de que la pena debe de ser proporcional al daño, así como que se persigan de oficio porque es de interés público y, en estos casos, afectan profundamente a los ciudadanos.
También que la autoridad esté obligada a perseguir a quienes cometan este tipo de delitos y que no se pueda otorgar el perdón para impedir que se genere un grave problema de impunidad en el estado.
“Debemos evitar que astutos criminales de ‘cuello blanco’ se aprovechen de las lagunas legales que existen en nuestro sistema jurídico para enriquecerse en perjuicio de la economía de las familias chihuahuenses”, concluyó.
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