Indica que es importante que se legisle con relación al tema para evitar que iniciativas dirigidas a esos sectores de la población sean desechadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Con el objetivo de que los órganos internos del Poder Legislativo implementen, en todo proceso legislativo, mesas técnicas y protocolos para realizar consultas previas a toda la actividad que involucre los intereses de grupos vulnerables, el diputado de Morena, Gustavo De la Rosa Hickerson, presentó un punto de acuerdo ante el Congreso local.
Expuso que la consulta obligada a las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, constituye una formalidad esencial del procedimiento legislativo, sin la cual el trabajo que se realiza con relación a estos grupos vulnerables será inútil.
En el periodo comprendido entre el mes de enero del 2020 y octubre del 2021 (22 meses), se presentó un gran número de iniciativas que fueron excluidas del proceso legislativo por omitir las consultas correspondientes.
Durante este lapso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó 51 decretos de ley, reforma y/o adición que fueron sometidos a su escrutinio jurisdiccional por falta de consulta previa a grupos de personas con discapacidad, integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas.
Algunas de estas iniciativas, agregó, fueron presentadas en el pleno del Congreso del Estado de Chihuahua.
La propuesta que hace ahora tiene como base el hecho de que, desde el inicio de la actual legislatura, se encuentran instaladas las comisiones que atenderán distintos asuntos relacionados con derechos que inciden en personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas, que deberán ser dictaminados.
En consecuencia, deben realizarse las consultas correspondientes a fin de integrar directamente a los involucrados y evitar la invalidación por el incumplimiento del debido proceso, como lo ha señalado de manera reiterada la SCJN.
“Tendremos tiempo suficiente para superar los vicios y errores en que incurrieron las legislaturas anteriores en lo referente a la consulta previa e informada, (pero) que concluyeron en que se declarara la invalidez de lo que aquí aprobaron por haber omitido esta obligación que, convencional y constitucionalmente, se impone en todo proceso legislativo”, declaró.
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